EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Si la jueza interina que revocó la medida cautelar de un año de prisión contra el señor José Cruz por una garantía económica, aspiró en alguna ocasión a que su desempeño concitara el interés público, lo ha conseguido con creces. El grado de unanimidad que ha logrado es masivo, aunque seguramente no como ella hubiese aspirado.
El insólito fallo que favorece al imputado de un grave delito de falsificación de medicamentos a gran escala, adquiriendo productos vencidos, reetiquetándolos y comercializándolos posteriormente cuando ya carecen de toda propiedad de cura, como si estuviesen vigentes, ha provocado la más fuerte reacción de condena tanto de las autoridades sanitarias como fiscales.
La Ministro de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, se apresuró a rechazarla con los más fuertes calificativos. Más lejos todavía fue el Procurador Fiscal, Francisco Domínguez Brito, cuando dijo, según cita textual «quien se dedica a falsificar medicamentos es tan criminal como el que mata o manda a matar por dinero».
No quedó rezagada la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) al suscribir una enérgica declaración advirtiendo que este fallo insólito pone bajo tela de juicio la disposición de la Administración de Justicia de perseguir y sancionar este tipo de delito, que pone en peligro la salud de los usuarios y representar un potencial riesgo de vida.
En el caso que nos ocupa, al imputado se le ocupó una enorme cantidad de fármacos ilegales para las más diversas enfermedades. Parte de los mismos fueron vendidosal programa PROMESE-CAL de medicamentos esenciales que el gobierno suple a la población necesitada a través de las farmacias populares.
Todo apunta a que el responsable de estos hechos dolosos logró amasar una enorme fortuna, si nos guiamos por las informaciones ofrecidas por las propias autoridades fiscales sobre la gran cantidad de propiedades inmuebles que han sido identificadas como de su pertenencia.
El turbio negocio de los medicamentos ilegales ha sido objeto de reiteradas denuncias y de formales promesas de las autoridades de poner empeño en perseguirlo y erradicarlo; estas promesas han sido incumplidas las más de las veces. La ARAPF ha mantenido por años una intensa campaña de alerta y seguimiento a esta práctica ilegal, que figura criminalizada y sancionada fuertemente hasta con diez años de prisión en el Código Sanitario. No obstante, los muchos expedientes que se han llevado a la justicia, los responsables gozan de libertad y en no pocos casos, han seguido incursionando en el negocio. Este se estima que produce más de mil a mil 200 millones de pesos anuales y que vincula a elementos influyentes.
Pero nunca como hasta ahora había sido tan evidente la indiferencia y lenidad de la Justicia para contribuir a enfrentar esta grave amenaza contra la salud y la vida ciudadana. El fallo que comentamos resulta vergonzoso. Sin exagerar, cabe calificarlo de perverso.
De esperar que el mismo sea revocado por instancias superiores, una vez que se formalice el recurso de apelación anunciado por la Fiscal del Distrito Jenny Berenice, quien asegura que el fardo de pruebas contra el acusado es abrumador y concluyente. Pero al margen de este, por su propio interés, prestigio e imagen, el propio Poder Judicial debiera investigar la procedencia de tan inicuo fallo que viste de oprobio y legítima sospecha el rostro de la Administración de Justicia.
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2015-02-06 00:56:22
