enero 14, 2023
Las decisiones judiciales sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA y el polémico Título 42 son dos los retos a afrontar por los tribunales de EEUU en 2023.
Los jueces de Estados Unidos emitirán importantes fallos sobre inmigración en 2023 y jugarán, por lo tanto, un papel clave en la configuración de la política de migratoria de la nación.
El Congreso no ha revisado las leyes de inmigración estadounidenses de manera integral desde 1990, destaca el profesor Stephen Yale-Loehr, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, quien dijo a la Voz de América que los esfuerzos de las administraciones posteriores para revisar el sistema de inmigración por decreto siempre conllevan disputas legales.
“Los tribunales no son una buena forma de gestionar la inmigración”, concluyó el profesor.
Estos son algunos de los principales casos ante los tribunales.
Estados Unidos contra Texas
En 2022, la Corte Suprema de EEUU escuchó argumentos orales en Estados Unidos contra Texas, una demanda en la que los estados de Luisiana y Texas, liderados por republicanos, argumentaron que las prioridades en cuanto a la aplicación de las leyes de la Administración Biden son ilegales.TAMBIÉN LEAEl 2023, un año trascendental para la Corte Suprema de EEUU
El litigio surgió de una directiva de septiembre de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional que centró los esfuerzos de deportación en personas consideradas una “amenaza atroz para la seguridad pública” o que habían cometido actos de espionaje o terrorismo. Sin embargo, cualquier persona en EEUU sin documentación aún corre el riesgo de ser deportada.
Yale-Loehr dijo que con base en los argumentos orales, no está claro cómo fallará el tribunal.
Título 42
Los jueces de la Corte Suprema también decidirán el destino del Título 42. La corte escuchará los argumentos del caso en febrero.
El Título 42 es una política de salud pública que permite la expulsión inmediata de migrantes durante emergencias de salud pública. El uso de la orden de salud, que los defensores de inmigración dicen que ya no es necesaria, comenzó en marzo de 2020 y ha provocado una acumulación de migrantes en México que buscan asilo en Estados Unidos.
En noviembre de 2022, un juez del Tribunal de Distrito de EEUU ordenó a Biden que levantara las restricciones del Título 42 en la frontera con y México. El caso ante la Corte Suprema es sobre si los estados pueden impugnar la decisión de la Corte de Distrito de EEUU.
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El Tribunal Supremo de EEUU rechaza derogar el Título 42 por el momento
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Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que es probable que el Título 42 sea una cuestión pendiente en 2023, dependiendo de cómo lo dictamine la Corte Suprema.
“Hubo algunos desacuerdos cuando el Título 42 se implementó por primera vez sobre si posiblemente estaba justificado por preocupaciones de salud pública. Pero en este punto, creo que nadie está sugiriendo seriamente que haya alguna justificación de salud pública para el Título 42”, dijo Jadwat.
DACA
La Administración Biden revisó en 2022 el DACA, o programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, sometiéndolo al proceso formal de elaboración de reglas para aumentar sus probabilidades de satisfacer los argumentos de que no se creó correctamente. Desde su creación en 2012, ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, los conocidos como dreamers o «soñadores».
En 2018, Texas y otros estados liderados por republicanos demandaron al gobierno federal, argumentando que DACA perjudica financieramente a los estados porque legalmente deben brindar educación, atención médica y otros servicios a todos los residentes de sus estados, incluidos los inmigrantes indocumentados.TAMBIÉN LEADACA se convierte en regulación federal, pero el futuro aún es incierto
Los estados argumentan además que solo el Congreso tiene la autoridad para otorgar beneficios de inmigración.
El caso se presentó en el Tribunal de Distrito para el sur de Texas, donde el juez de distrito de EEUU Andrew Hanen dictaminó que el programa es ilegal pero permitió que continuara para los beneficiarios actuales. Ese fallo fue apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, que devolvió el caso al tribunal inferior para una revisión adicional. Sin embargo, el tribunal confirmó el fallo de Hanen de que el DACA es ilegal.
Hanen aún tiene que programar una nueva audiencia.
Casos de visa de diversidad
Goodluck Vs Biden combina dos casos en los que decenas de miles de personas luchan por las visas de inmigrantes que les fueron otorgadas en 2020 y 2021 bajo el programa de visas de diversidad. Las visas expiraron antes de que los ganadores pudieran recibir autorización para viajar a EEUU por motivos relacionados con la pandemia.
El programa de visas de diversidad, comúnmente conocido como la lotería de tarjetas verdes, está autorizado por la Ley de Inmigración de 1990 para aumentar la diversidad entre los inmigrantes en Estados Unidos.TAMBIÉN LEAUna año caótico en la frontera sur de EEUU, sin visos de mejorar
Los ganadores de la lotería de visas demandaron y, finalmente, el juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Amit Mehta, ordenó a la administración de Biden que reservara más de 7.000 visas de diversidad vencidas para los ganadores cuyas solicitudes no fueron priorizadas para el procesamiento después de que los consulados de EEUU reabrieron cuando la pandemia disminuyó.
El abogado de inmigración Curtis Morrison le dijo a la VOA que los tribunales federales le han dicho a la administración de Biden que necesita corregir la situación de estos miles de solicitantes de visa y sus familias.
El caso Goodluck ahora está frente a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Los argumentos orales tuvieron lugar en septiembre después de que el Departamento de Estado apelara la orden de Mehta. El litigio de visas de diversidad puede afectar a más de 30.000 personas.
“El departamento cree que los tribunales malinterpretaron la ley al determinar que las políticas del departamento eran ilegales y que los tribunales se excedieron en su autoridad al ordenar al departamento que procesara y emitiera visas de diversidad más allá del plazo legal”, según la web del Departamento de Estado.
