EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Nuestro Tiro Rápido del pasado viernes estuvo dedicado a comentar declaraciones de la Ministro de Trabajo, licenciada Maritza Hernández, señalando que su despacho pondrá en práctica la legislación que dispone la contratación en todas las actividades económicas que utilicen mano de obra de un 80 por ciento de trabajadores dominicanos, limitando al restante 20 por ciento la de extranjeros, bajo penalidad en caso de incumplimiento.
Dijimos entonces que esa norma, cuya finalidad guiada por el propósito de garantizar mayores oportunidades de empleo a los obreros nativos, en forma alguna cuestionamos, debía aplicarse, sin embargo, con criterio racional y prudente, ajustado a la realidad de nuestro mercado laboral y de tal modo que no interrumpiese el normal desenvolvimiento tanto de la economía como de la ejecución de las obras públicas por parte del Estado.
En este sentido hicimos la observación de que es este precisamente y los contratistas que utiliza los que emplean una gran cantidad de mano de obra foránea, en su mayoría de origen haitiano, lo que resulta tan visible que no precisa de mayores elementos de confirmación.
Hoy en el Diálogo del Diario Libre, dos destacados dirigentes de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) se refieren al tema. La advertencia que hacen lo señores Héctor Bretón y Fermín Acosta adquiere un acento dramático al asegurar que si repatrian a todos los haitianos indocumentados que trabajan en la construcción se paralizaría ese importante sector.
Ambos revelan que la industria de la varilla y el cemento emplea 270 mil obreros extranjeros, en su gran mayoría haitianos. Demás está señalar que una buena parte de ese gran contingente es indocumentado y resulta lógico suponer que al parecer no ha mostrado interés en acogerse al Plan de Regularización, tomando en cuenta que la cifra de los que registra el mismo es muy inferior a la que utiliza el sector de la construcción.
La industria de la construcción constituye uno de los sectores más dinámicos de la economía y una de las más importantes fuentes de empleo, sobre todo de mano de obra sin especialización. Su paralización tendría incuestionables efectos negativos de gran significación económica y social. De ahí, que las afirmaciones tan categóricas que mencionamos no pueden ser tomadas a la ligera y plantean algunas interrogantes.
La principal es si en el mercado laboral existe ahora mismo la cantidad suficiente de personal dominicano en disposición de trabajar en la industria de la construcción y en cantidad suficiente para cubrir la cuota del 80 por ciento establecido en la ley. Y en caso de no ser así, ¿cómo se manejaría esta situación de tal modo que la dinámica de crecimiento de ese sector no resulte afectada sin violar la ley?
En otro orden, cabe también plantear otras interrogantes al margen de la norma del 80-20, dirigidas en este caso a los dirigentes del sector, a saber:
El empleo del actual elevado número de extranjeros ilegales laborando en la construcción ¿se debe a que se les paga un salario inferior? Dado que no pueden registrarse en la Seguridad Social, ¿de qué tipo de auxilio disponen en caso de enfermedad, accidente laboral o muerte? El desinterés de los empresarios de la construcción en que el personal indocumentado se acoja al Plan de Regularización ¿es por el temor de tener luego que pagar el salario establecido en la ley y cumplir con las demás normas legales?
Son temas que requieren también respuestas precisas y esclarecedoras.
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2015-03-18 01:34:09
