Por Manuel Hernández Villeta
La ley de partidos políticos es la última travesura de la Sociedad Civil. De poco va a servir poner en letras y códigos, la actividad que deben llevar a cabo los partidos políticos. La Sociedad Civil sigue demostrando que quiere terciar en la vida política dominicana, pero sin bajar al cieno de la lucha social y comunitaria, sino verla desde la colina.
Quiere y cree que está por encima de la comunidad y de la putrafacción de muchos políticos y grupos partidistas, pero en parte, siendo elitistas y selectivos, son los responsables del clientelismo de chaqueta negra, camisa blanca y corbata de lacito y del cuello de botella para aspirar a cargos públicos.
La Sociedad Civil quiere ahora dar la impresión de que la vida política dominicana es una selva, que no tiene control, y que una ley de partidos echa por ellos es la segura garantía de que se va a mantener la pulcritud, la seriedad y el respeto en la vida política. Es una selva la vida política, pero no hay auto-salvadores a la vista.
En parte hipocresía y también derecho de cambiar la pagina de la cual escribieron varios párrafos. La Sociedad Civil aceptaba a los grupos partidistas cuando sus notables ejercían el derecho de ser mediadores en las crisis pèriódicas. Pero ellos sacaron a los mediadores de su rol eterno, cuando delinearon y se puede decir que hasta crearon el Tribunal Superior Electoral.
Con un organismo con calidad jurídica como el TSE o el Tribunal Constitucional, los mediadores agotaron su periplo, y la Sociedad Civil se mató ella misma, se suicidó. Si hay un tribunal encargado de dictar sentencias en las litis políticas, los mediadores no son necesarios.
Con una Ley de Partidos Políticos si serían de nuevo determinantes en los arreglos de la oscuridad. Pero de figureo y alegadas buenas intenciones no pasaría. Una Ley de Partidos Políticos no soluciona el problema del partidismo dominicano, no elimina el tráfico de influencias, a la corrupción y sobre todo la selectividad en escoger y postular candidatos a puestos electivos.
Cada partido político tiene sus estatutos, pero nunca son respetados. Para evitar que se busquen fondos o recursos económcios irregulares, la Junta Central Electoral entrega millones de pesos todos los meses a los partidos políticos, pero los males siguen.
Más que una ley de partidos, lo que se tiene es que sacar de la vida pública a los que violen los estatutos de sus propios partidos, las leyes dominicanas y los reglamentos electorales. La mayoría de las acciones de los dirigentes políticos quedan impunes por temor de las autoridades correspondientes a jalar las orejas a los violadores.
Y un nuevo reglamento favorecido por la Sociedad Civil sólo servirá para que reaparezcan lsos mediadores, se apañen las violaciones detrás de arreglos de aposento, y sobre todo, que personalidades de saco y corbata quieran liderear la via política y social, manejando los hilos del titiritero desde lujosas oficinas de aire acondicionado. Por Dios, ¿Dónde están los culpables de que se putrefactara la herida?
2015-04-25 09:02:54
