L TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Dicen que en la vida todo tiene un límite. Y en esta ocasión, todo indica que fue desbordado el de vergonzosa tolerancia con que siempre las autoridades se han comportado ante los frecuentes desmanes de algunos grupos de choferes, que más semejan maleantes que trabajadores del volante, incurriendo en todo tipo de excesos y manifestaciones de violencia, por lo común entre ellos mismos, aunque también en ocasiones contra ciudadanos convertidos en víctimas inocentes de sus acciones como acaba de ocurrir en un hecho criminal que ha provocado justo repudio general.
Seguramente esa impunidad de que hasta ahora han gozado ante la timidez oficial para reprimirlos y de los propios tribunales para sancionarlos, ha tenido mucho que ver en el insólito suceso de que fueron protagonistas una docena de choferes y conductores que bloquearon el tránsito de un ómnibus escolar perteneciente al Colegio Evangélico Episcopal San José, ubicado en Boca Chica, cuando conducía varias decenas de alumnos de edades entre diez y diecisiete años, algunos acompañados de sus madres más el director y profesores del centro educativo, que se dirigían a disfrutar de un pasadía educativo en el recinto de la Feria Internacional del Libro. La razón del asalto fue su exigencia de que el plantel contratara sus servicios en vez usar su propio transporte.
La acción delictiva no se limitó a impedir el paso del vehículo escolar. Los autores fueron mucho más allá amenazando con incendiarlo con su carga humana dentro. No hay que hacer muchos esfuerzos mentales para imaginar la reacción de pánico provocada en los atemorizados pasajeros. El relato de uno de los indignados testigos que presenció impotente la salvaje escena, de niños llorando y vomitando; mujeres implorando detener el atropello, estremece y mueve a justa ira.
Quizás la expresión que mejor cuadra a esta acción vandálica, partió de los propios sindicatos a que pertenecen sus autores, que calificaron la misma de «satánica». No es este, sin embargo, delito que esté tipificado en el Código Procesal Penal, pero sí en cambio, la transgresión de las leyes sobre secuestro; protección de niñas, niños y adolescentes; tránsito de vehículos y otras varias más, así como la Convención de Derechos del Niño, mencionados por la Fiscal Olga DinéLlaverías, apoderada del expediente, quien adelanta que la pena de cárcel que afrontan por los delitos imputables pudiera ser hasta de treinta años.
Quizás esa resultase una condena exagerada en razón de que por suerte, la situación no pasó a males mayores y los maleantes no llevaron a vías de hecho su salvaje amenaza de quemar el ómnibus escolar con sus pasajeros dentro. Pero el caso no debe quedar sin sanción, ni esta tampoco resultar tan limitada que no sirva del merecido escarmiento.
Todo en la vida, repetimos, tiene un límite. Y en este caso, se ha pasado la raya de la extrema tolerancia y vergonzosa impunidad de que han disfrutado los elementos más agresivosdentro del sector choferil, donde sin dudas figuran trabajadores decentes quienes sí pueden llamarse con razón»padres de familia» sin temor a caer en el abuso de la tan socorrida expresión, que repudian este tipo de acciones y se mantienen al margen de las mismas.
Para los violentos, sin embargo, es hora de que las autoridades y la justicia, en nombre de la sociedad, envíen una señal clara y contundente de que este tipo de acciones ni serán toleradas ni escaparán a las merecidas sanciones. Es lo menos. En otras oportunidades, ha ocurrido ante el temor que inspiran los grupos choferiles más exaltados, cuyas acciones vandálicas terminan siempre arropadas por la impunidad. De esperar que ahora no suceda igual.
Y ninguna ocasión más oportuna y necesaria.
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2015-05-05 20:44:40
