EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Oportunas y justificadas las objeciones presentadas por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, al proyecto de ley de partidos recién aprobado en la Cámara de Diputados.
La FINJUS es una de las instituciones más prestigiosas y de mayor peso de la Sociedad Civil, elementos que conceden mayor fuerza a las atinadas observaciones críticas que le hace a la pieza legislativa, de tan dilatada permanencia en los predios congresuales.
Imposible aprisionar en la obligada brevedad de un Tiro Rápido los distintos aspectos fallidos y lagunas que ofrece el tan esperado y laborioso parto. De ahí, que focalizaremos este comentario en un aspecto que hemos mencionado en otras ocasiones, que creemos de fundamental importancia, por el que también ha mostrado sostenida preocupación el vocero de la FINJUS y que inexplicablemente no figura en el proyecto aprobado sin ninguna razón que lo justifique.
Se trata de la supresión de la facultad de la Junta Central Electoral de acceder al origen de las fuentes anónimas de financiamiento privado que reciban los partidos políticos para costear sus actividades proselitistas y gastos de campaña. El papel del máximo organismo electoral en este sentido, queda limitado simplemente a demandar como hasta ahora, el destino de los fondos que entrega a los mismos y que corresponden a la dotación establecida en el Presupuesto Nacional para esos fines.
Como el proyecto de ley no establece ningún otro mecanismo sustituto de control de los citados recursos, queda libre a puertas abiertas la posibilidad, mucho más cierta que simplemente probable, de que dineros de la más cuestionable procedencia, provenientes del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción pública y privada y cualquier otra actividad ilícita haga su entrada impunemente en el proceso electoral, contamine y condicione a futuro sus resultados.
No es fábula ni especulación, sino una consecuencia lógica del auge de actividades delictivas que registra el país, donde los márgenes de impunidad son mucho más amplios que los contados casos de sanción y resultan más que evidentes la cobertura de protección que reciben a través de la complicidad de elementos de poder y de influencia, sin la cual no pudieran desenvolverse con el desenfado que lo llevan a cabo.
El tan cuestionado y deficiente proyecto aprobado se encuentra ahora en el Senado. Los miembros de la Alta Cámara tienen la posibilidad de corregir las fallas y lagunas del mismo. Todo radica en que decidan si realmente están animados del deseo de ofrecerle al país una ley de partidos que resulte un instrumento real para elevar la calidad y transparencia del ejercicio político en el país, o compartir la responsabilidad de haber echado por la borda la oportunidad de rescatar del descrédito el sistema de partidos y fortalecer la institucionalidad democrática del país.
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2015-05-09 09:19:08
