Por Pablo Vicente
Después de varios reclamos desde diversos sectores de la sociedad y, en especial desde los partidos políticos, el Poder Ejecutivo accedió otorgar una nueva partida presupuestaria a la Junta Central Electoral (JCE), que será utilizada en el montaje de las primarias de las organizaciones partidarias y de las elecciones de 2024.
El presidente de la república garantizó a los miembros del Pleno de la JCE un aumento de RD$4,500 millones al presupuesto de ese órgano que serán sumados a los RD$8,011 millones que ya habían sido asignados en la Ley de Presupuesto de 2023.
Sobre el tema en cuestión muchas voces han felicitado esta iniciativa por parte del ejecutivo; sin embargo, es preciso destacar que la constitución de la república en su Artículo 212 establece que la Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.
Además, se establece que La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.
Independientemente de que dicha partida a la JCE viene a resolver una situación, Sin embargo, nos preocupa el manejo dado por el Ejecutivo a una asignación de fondos de forma directa y administrativa, pudiendo haber consignado dicha partida en el presupuesto nacional del estado y no al margen el rol del Congreso Nacional y la función que le otorga la Constitución en relación a las asignaciones presupuestarias a través de la ley.
El trato a la JCE como órgano extra poder tiene que ser siempre revestido de la mayor legitimidad e independencia en sus funciones por lo que dicha práctica, que no es nueva, constituye un elemento a dejar atrás ya que no contribuye al fortalecimiento del órgano rector de los procesos electorales, es necesario apostar siempre a una mayor institucionalidad y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y la democracia dominicana.
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El autor es presidente de FUJUDEL, magíster en derecho electoral
