EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Hoy vence el plazo para acogerse al Plan de Regularización. Y basta pasar por las cercanías de cualquiera de las oficinas abiertas para el registro de los solicitantes para apreciar la cantidad inmensa de haitianos agolpados frente a las mismas para lograr acogerse al mismo, en inmensas colas de pobres gentes desesperadas para lograr inscribir sus nombres y evitar ser deportados como inmigrantes ilegales.
La cantidad es de tal naturaleza que para tratar de prevenir incidentes que han matizado la situación en estos días postreros, ha sido necesario destacar contingentes de agentes policiales antimotines para tratar de conservar el orden, así como numerosos AMET para regular el tránsito debido a los entaponamientos de vehículos que se han originado.
¿Ha fracasado el Plan de Regularización como sostienen algunos, entre estos el ex cónsul y destacado activista de origen haitiano Edwin Paraison? Ciertamente, su implementación no ha sido perfecta, como a fin de cuentas ninguna obra humana. Pero creemos que resulta absolutamente exagerado calificarlo de fracaso. ¿Cómo puede serlo habiendo registrado a más de 250 mil extranjeros indocumentados, en su inmensa mayoría procedentes del territorio vecino?
En todo caso, la mayoría de los obstáculos que ha confrontado la ejecución del Plan no son atribuibles a las autoridades dominicanas. Han sido consecuencia, principalmente, de la incapacidad del gobierno haitiano de dotar de documentos de identidad a sus nacionales residentes en el país en condición de ilegales, requisito mínimo aquí o en cualquier otro país por parte de un extranjero para poder acceder a un permiso de residencia. Una ínfima cantidad de los que han solicitado los mismos en el Consulado Haitiano han podido conseguirlos al cabo de una larga y angustiosa espera y a un costo, que aún reducido debido a las grandes protestas que originó la tarifa aplicada originalmente, no les ha resultado fácil poder cubrir por el nivel de pobreza en que se desenvuelven con muy pocas excepciones.
Esa dificultad fue arrastrándose a todo lo largo de estos dieciocho meses sin lograr una solución de continuidad por parte del gobierno de Michel Martelly. De hecho, fue admitida por las autoridades haitianas al disponer el cambio de su embajador aquí con la finalidad de tratar de agilizar el proceso. En la práctica, de poco o nada sirvió.
Fuera del plazo, que el gobierno advirtió y ratificó en más de una ocasión que tiene un carácter definitivo y sin lugar a nuevas extensiones después que ya se alargó la fecha original de vencimiento, ha quedado una cantidad posiblemente similar sin registrar. La mayoría prestan servicios eventuales o fijos en el sector agropecuario, siempre con salarios inferiores a los que perciben los dominicanos y establece la ley y sin disfrutar de los beneficios sociales que les corresponderían en caso de disfrutar de residencia legal y trabajar al amparo del Código Laboral.
Es uno de los rezagos que deja el plan, al igual que el de los ex trabajadores cañeros del CEA, muchos de los cuales llevan 30, 40 y hasta 50 años viviendo aquí y que constituirá un nuevo motivo de preocupación y de manejo para el gobierno dominicano.
Por lo demás, hay que saludar el hecho de que el Plan es el primer intento serio de tratar de regularizar la inmigración extranjera, masivamente haitiana, en el país y abre a esta la oportunidad de legalizar su status de residencia, comenzar a disfrutar del amparo de las leyesy hacer su vida sin temor a la posibilidad de ser deportados.
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2015-06-19 01:26:36
