EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla
Arrinconada, en página interior de un diario matutino, como si fuese una noticia intrascendente, figura una declaración del presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), donde afirma que nada menos que el noventa por ciento de las construcciones que se levantan en el país son ilegales.
Esto significa, según José Espinosa, timonel de ese gremio profesional que las mismas son llevadas a cabo sin los planos correspondientes y sin la necesaria aprobación del Ministerio de Obras Públicas. También carecen de la dirección competente de un miembro de la institución. Y el resultado de este monumental desorden es el elevado grado de vulnerabilidad y el peligro que representan dichas edificaciones.
Todavía se conserva en la memoria y se nos recrea cada cierto tiempo a través de los medios de comunicación, la tragedia que no hace tanto tiempo asoló a Haití, con el seísmo que redujo a escombros gran parte de la ciudad de Puerto Príncipe y dejó un trágico e irreparable saldo de entre doscientas cincuenta mil y trescientas mil víctimas y alrededor de dos millones de personas sin hogar.
Los expertos esperaban y así lo hicieron saber a raíz de la tragedia, que ese destructivo movimiento telúrico ocurriese en la parte de la isla que ocupamos. No fue así, por suerte para nosotros y desgracia para el infortunado pueblo vecino. Pero no quiere decir con ello que estemos a salvo. Se sabe que buena parte del territorio nacional está atravesado por una falla sísmica lo que nos convierte en potenciales sujetos de un movimiento igual o superior al que sufrió la capital haitiana.
Recordemos que a diferencia de los huracanes, cuyo trayecto es casi posible seguir con razonable exactitud y tiempo suficiente para adoptar medidas de precaución, los terremotos no avisan, se producen de improviso y eso aumenta el riesgo en pérdida de vidas y propiedades. Repasando nuestro pasado histórico, figuran tragedias de esta naturaleza por las que hemos debido pagar un alto precio.
Obviamente esas construcciones edificadas de manera medalaganaria, sin ajustarse a patrones profesionales y mucho menos incluyendo las normas de resistencia establecidas para enfrentar ese tipo de fenómenos, constituyen un elevado y seguro riesgo de desastre.
Llama la atención, por consiguiente, el escaso o ningún interés que hasta ahora han demostrado las autoridades para frenar esa práctica ilegal, que se produce a la vista y con pleno conocimiento de todos.
Como si ello no fuese suficiente, bastaría sin embargo apelar al registro de permisos que otorga el Ministerio de Obras Públicas. Según el propio presidente del CODIA, el promedio anual tomando en cuenta el número de construcciones, debiera ser de unos doce mil. Sin embargo, en el período 2002 al 2010, ese promedio fue de apenas mil 183 por año y ya en el 2013, había bajado a tan solo 808.
Las posibles opciones de acción a tomar frente a esta situación del todo irregular, ilegal y altamente peligrosa pudiera reflejarse en dos refranes muy populares.
Uno…el de «nadie escarmienta en cabeza ajena», representa el de la desidia, la indiferencia y la más irresponsable imprevisión, dejando el camino abonado para una posible tragedia de grandes proporciones.
El otro…»cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo», es el que tendiendo la mirada hacia el otro lado de la isla, donde todavía son visibles las huellas de la catástrofe y aún cientos de miles de sus habitantes no han podido librarse de los dolorosos efectos de la misma, nos inducen a ir de la mano por la senda de la más elemental prudencia, tomando las medidas cautelares de lugar para tratar de que aquí no tengamos que pagar el mismo alto precio que allá.
El presidente del CODIA nos lo recuerda. Sus palabras de advertencia no deben caer en el vacío.
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2015-08-11 00:06:41
