EN PRIMERA FILA.
JUDICIALIZAR LOS DELITOS ELECTORALES
Mario Rivadulla.
En el curso de su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de
Comunicación Corripio en unión de otros magistrados y funcionarios de
la Junta Central Electoral, su presidente, el doctor Julio César Castaños
Guzmán, entre otros temas abordó el de la compra de votos calificándola
de práctica deleznable.
Es un término apropiado para etiquetar la naturaleza de esta
vergonzosa práctica mercantilista que comercia con la pobreza material
y falta de criterio ciudadano de quienes se prestan a vender su voto, y
muchas veces es ejecutada a plena luz a las puertas mismas de los
recintos electorales. De presencia reiterada en todos los procesos
electorales, compromete por igual la responsabilidad de los diferentes
partidos políticos, tal solo diferenciada por la cuantía de recursos de que
disponga cada uno para ejercerla.
Paradójicamente resulta también frecuente objeto de queja y denuncia
partidaria en el caso de las organizaciones que no resultan favorecidas
en el escrutinio de las urnas como alegada causa de su derrota,
arrojando la carga de culpa sobre los organismos electorales a los cuales
reprochan no poner freno a la misma.
Pero como bien hace notar Castaños Guzmán no existe el menor registro
en ninguno de los procesos comiciales de denuncias formales llevadas a
los tribunales reclamando la aplicación de castigo para este delito que
califica penalmente como «soborno». Ni la Junta, pese a contar con la
Policía Militar Electoral para garantizar el orden y seguridad en los
colegios, dispone de la facultad jurídica para poder sancionar
penalmente tales casos.
¿Qué puede y piensa hacer la Junta para combatir esta práctica? Según
su presidente y hasta donde alcanzan sus posibilidades se proyecta la
instalación de un centro de llamadas para recibir denuncias sobre la
compra-venta de votos, de tal modo que se pueda alertar a las
autoridades del orden para que procedan en consecuencia, apresando y
sometiendo a los infractores.
Ahora bien para que pueda funcionar con relativa eficacia será preciso
contar con el compromiso de los propios partidos políticos de renunciar
a dicha práctica y la colaboración su personal militante destacado en los
colegios el día de los comicios, los observadores de Participación
Ciudadana y de cualquier otra entidad debidamente acreditada y los
ciudadanos conscientes para convertirse en vigilantes de dichos casos en
el momento en que ocurran. Su labor no debe quedar limitada a
denunciar la compra venta de los votos después que pase la prueba
comicial, sino contribuir a impedirla. Quizás no pueda erradicarse del
todo, pero al menos se dificultaría grandemente el tráfico mercantil del
voto. Esto así, sobre todo, si una vez los responsables sometidos a la
justicia reciben la sanción ejemplar que amerita su delito, con lo que se
enviaría al mismo tiempo un vigoroso mensaje de advertencia de que
tales actos no quedarán impunes.
Durante su discurso este pasado martes al inaugurar el nuevo año
judicial, el presidente de la Suprema Corte instó a los jueces a que no les
temblara el pulso al momento de impartir de justicia. De esperar que así
ocurra también al momento de sancionar la compra venta de votos como
un delito grave, o cualquier otro intento de tratar de violentar la libre
decisión del ciudadano votante, o de falsear los resultados comiciales que
deben reflejar con toda exactitud y pulcritud la voluntad mayoritaria del
electorado.
2020-01-10 09:55:06
