EL TIRO RAPIDO
Mario Rivadulla.
Cuando el sonado caso del ex capitán Quirino Paulino en que quedó al descubierto su condición de capo de la droga al frente de una red que traficó una cuantiosa cantidad de cocaína hacia los Estados Unidos, no fueron pocos los que aplaudieron la decisión de extraditarlo considerando que los tribunales norteamericanos harían caer sobre el mismo todo el peso de la ley, pensando que, por el contrario, de juzgarlo aquí, existían grandes posibilidades de que fuera exonerado o recibiera una sanción muy leve.
A partir de ahí tuvo lugar todo un vendaval de extradiciones. Numerosos capos y sus cómplices fueron puestos esposados en manos de los «marshall» estadounidenses, encargados de su custodia y traslado hasta entregarlos a la Justicia de los Estados Unidos. Al principio, hubo quienes apelaron a todo tipo de argucias legales para evitar la extradición. Andando el tiempo, se produjo un extraño cambio, cuando varios de los reclamados aceptaron la misma voluntariamente.
No tomó mucho tiempo que se despejara el misterio. Quirino Paulino estuvo casi diez años sometido a interrogatorio. En cada ocasión en que su caso fue llevado al tribunal y se asegura que fueron cerca de cuarenta, la vista fue suspendida ante la declaración del Fiscal de que «su caso estaba todavía en fase de investigación». Era la misma respuesta que daba a los periodistas que inquirían sobre el expediente. En el entretanto se le permitió a toda la familia, querida incluida, viajar a los Estados Unidos. Después se reveló que se le permitiría conservar la mitad de su fortuna, que evidentemente no acumuló con su sueldo de militar. La sorpresa fue general.
Pero no ha sido el único caso. Todos los demás extraditados han negociado sus condenas con una flexibilidad inesperada y asombrosa, obteniendo sentencias leves que contrastan con las elevadas penas a cadena perpetua de los capos colombianos que figuran como protagonistas del «Cartel de los Sapos». Y a todos se les ha permitido disponer y disfrutar de sus fortunas, obviamente derivadas del tráfico de estupefacientes.
El asombro es tan grande, la experiencia es tan amarga, la decepción tan mayúscula que ahora la tónica prevaleciente es reclamar que en vez de resultar extraditados, estos buenos caballeros sean juzgados en el país sobre los cuales, el Procurador General Francisco Domínguez Brito, sostiene debieran recaer condenas de entre veinte y treinta años, con la incautación total de sus bienes mal habidos, fruto de su actividad criminal.
Por lo pronto, ya la Fiscal Jenny Berenice Reynoso advierte que hará caso omiso de todo pedido de extradición de estos elementos, para que los mismos sean juzgados aquí, en primera instancia. Su posición no tiene solo un endoso ético sino entendemos que también jurídico. Dado que sus actividades delictivas se desarrollan en el país, a la Justicia Dominicana debe caberle el derecho prioritario de juzgarlos y una vez que hayan cumplido la sanción impuesta por nuestros tribunales, procederá conocer y decidir la extradición. Es el procedimiento que se ha usado en otros países y en diferentes casos y no vemos por qué no sea válido aplicarlo aquí.
Lo que no podemos seguir permitiendo es que por la extrema tolerancia de los fiscales y la Justicia estadounidense, estos elementos escapen con sanciones que casi constituyen un incentivo para continuar delinquiendo y mucho menos que al regresar al país haya que devolverles los bienes incautados para que puedan disfrutar tranquilamente de unas fortunas amasadas con el sufrimiento y hasta la sangre de tantos.
Cuando esto ocurre es como si estuviéramos recibiendo una gran bofetada moral que duele y humilla mucho más que la física.
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2015-08-25 16:14:20
