EL TIRO RAPIDO
Hace un par de días el vespertino El Nacional publicó una amplia información sobre la visita de los embajadores acreditados en nuestro país, James Brewster, de los Estados Unidos y Alberto Navarro, Representante de la Unión Europea al Presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario.
Dicha reunión, según informó el timonel del organismo electoral, había sido solicitada previamente por el primero sin especificar fecha, a raíz de un encuentro anterior también sostenido en su despacho en esa oportunidad de manera exclusiva con el enviado diplomático estadunidense.
Ambos encuentros fueron dilatados y a puertas cerradas. Y ninguno de sus participantes ofreció informaciones a la prensa sobre lo discutido en ellas. Esto provocó que tanto en el primer como en el segundo caso se especulara en torno a la posible agenda agotada, estimándose que las dos versaron sobre el controversial punto de la inmigración haitiana y la supuesta condición de «apatridia» en que quedarían hijos nacidos en el país de padres de residencia ilegal en tierra dominicana.
Lo que en algún que otro medio de comunicación y en las cada vez más activas redes sociales se especuló como posible tema abordado, lo dio en cambio la citada información de El Nacional a que antes hicimos referencia como un hecho cierto. El reportaje resultó más preciso, asegurando que el encuentro se habría celebrado en un tono muy caldeado y terminado en un tono de franca hostilidad.
Citando siempre la fuente del vespertino, durante la reunión tanto Brewster como Navarro habrían reprochado y acusado a Rosario de estar poniendo obstáculos a que 55 mil nacidos de padres extranjeros, en su mayoría haitianos, inscritos en el Registro Civil y admitidos como dominicanos recibieran sus documentos como tales. Habrían asegurado, además, que disponían de cientos de denuncias en tal sentido, si bien no aportaron ningún caso específico. Más aún habrían amenazado con promover la declaración de ilegales la próximas elecciones si se les impedía ejercer el derecho al voto.
El doctor Rosario habría respondido a tales imputaciones calificándolas de falsas y recordando que fue la propia Junta la que llevó a cabo la revisión acta por acta del Registro Civil y que al final, una vez depuradas, había declarado la validez de esas 55 mil. Rechazó igualmente que el organismo estuviera poniendo trabas a la entrega de las constancias de nacionalidad a los expedientes que ella misma había depurado y reconocido en un proceso cuya transparencia avalaron los veedores, entre los cuales tuvimos el honor de participar.
Finalmente la información concluía afirmando que tanto Brewster como Navarro habrían estado diligenciando la remoción del magistrado Rosario al frente de la Junta, a cuya exigencia el Presidente Danilo Medina les habría recordado que el mismo al igual que los demás integrantes de la Junta, estaban nombrados por un período inalterable que vencerá en agosto del próximo año, junto con su primer mandato de gobierno.
Salvo que el doctor Rosario al día siguiente se dirigió a los distintos Registros Civiles, advirtiendo que no deben poner el menor obstáculo a que esos 55 mil reconocidos dominicanos puedan obtener su documentación, con la advertencia de que el incumplimiento de ese mandato sería objeto de sanción, ni el ni los dos embajadores mencionados han hecho público lo tratado en esas reuniones.
Sin embargo, El Nacional en su edición de hoy, dando seguimiento al tema, atribuye al Presidente de la Junta reprochar a Brewster de estar asumiendo un rol político, cuyo comportamiento estaría afectando los intereses de los propios Estados Unidos al tiempo de enfatizar que la transparencia y legitimidad del proceso electoral dominicano es privativo de nuestro país.
Ahora bien, hechos ciertos son los siguientes:
El Presidente de la Junta siempre se ha mostrado firme en el cumplimiento de la ley, en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció las normas de la nacionalidad y rechazado las presiones en contrario, sin importar de donde vengan. De ello ha dejado pública constancia en cada ocasión.
Que de los 55 mil reconocidos dominicanos a que se habría referido la visita, menos de 10 mil han ido a retirar su documentación y en ningún caso la Junta ha recibido hasta ahora denuncias ni quejas por parte de quienes hayan encontrado algún obstáculo para obtenerla.
Y finalmente, que todo tiene un límite. Y por muy poderosos que resulten los intereses que representan, a ninguno de los dos embajadores mencionados ni a cualquier otro le asiste el derecho de intervenir en temas que son de la exclusiva competencia y legítimo ejercicio soberano del país. Mucho menos de emitir amenazas sobre la legalidad de las elecciones y de gestionar la remoción del Presidente de la Junta. Esto aparte de que tanto en un caso como en el otro, sus propios representados confrontan serios problemas de inmigración ilegal que no han sido capaces de enfrentar ni resolver.
Esos intentos tienen un nombre muy feo: intromisión inaceptable.
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2015-12-07 19:39:08
