Opiniones

INOPORTUNA POR INVIABLE

EL TIRO RAPIDO

Como era de esperar la propuesta publicada a doble página en los desplegados matutinos Listín Diario y Hoy, bajo la firma de José López Nieto, presidente de DATA CREDITO, para que el Estado entregue a las iglesias entre el cinco y el diez por ciento de sus ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta, no luce que tendrá eco ni acogida favorable, al menos por estos tiempos.

De acuerdo a lo planteado por el proponente, las iglesias que recibirían esos fondos, los cuales pudieran alcanzar la cifra de 2 mil 700 millones de pesos anuales o un poco más, dependiendo de lo que recaude la autoridad fiscal por ese tributo, tendrían el compromiso de dedicarlos a la realización de obras de interés social y comunitario, con la obligación de rendir cuenta detallada a la Cámara de Cuentas del uso que den a los mismos.

López Nieto parte de la base de que esos fondos administrados e invertidos por las iglesias serían garantía de que las obras a realizar se ejecutarían con estricto apego, tanto a criterios técnicos confiables como al más escrupuloso manejo financiero. Al respecto, exhibe como ejemplo a países donde se ha implementado dicha práctica con resultados favorables.

No hay ninguna razón para dudar de las buenas intenciones que animan al señor López Nieto, ni tampoco de las bondades de su propuesta, que ha encontrado sendos críticos en el dirigente obrero Rafael «Pepe» Abreu, quien alega que muchos trabajadores no pertenecen a ninguna religión por lo que no luce razonable que tengan que financiarlas y en Joel Santos, quien preside la Confederación Patronal, cuestionndo el que se sigan acordando asignaciones especiales del Presupuesto a determinados sectores.

Al margen de estas o de cualesquiera otras consideraciones, hay un hecho innegable y es que el Estado se maneja con un presupuesto deficitario y una gran limitación de recursos que mantiene muy en precario el desenvolvimiento adecuado de áreas de gran importancia, así como imposibilita cumplir en su totalidad con las partidas asignadas por leyes especiales, como son los casos de la Universidad Autónoma y del 10 por ciento para los Ayuntamientos, por citar solo dos entre docena y media que existen, la mayoría aprobadas de forma festinada y de imposible cumplimiento.

En adición, tiene que soportar fuertes presiones reclamando aportes extrapresupuestarios, como son ahora mismo la demanda de aumento salarial de los médicos y la de los profesores de la UASD, más la campaña a favor de que se destine un 5 por ciento del PIB para el sector salud, así como la realización de infinidad de obras del más variado género en todo el país bajo el apremio del interés de los reclamantes, que muchas veces conducen a las llamadas «huelgas pacíficas» que distan de serlo.

Lógico, por consiguiente, que bajo las expresadas circunstancias resulta imposible esperar que el Estado se desprenda de parte de los fondos que le resultan tan necesarios como insuficientes para atender sus compromisos y exigencias.

Sin restarle méritos, se trata, por consiguiente, de una propuesta que al menos en estos momentos resulta inoportuna por inviable, por una razón tan sencilla como contundente: no se puede dar lo que no se tiene.

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2016-02-09 02:09:12