EL TIRO RAPIDO
La revelación del Procurador General de la República de que al menos seis aspirantes al Senado y la Cámara que resultaron electos en los comicios del pasado 15 de Mayo, estarían vinculados al narcotráfico y lavado de activos no puede resultar más preocupante. En todo caso, era crónica advertida.
De esta grave situación ya se había tenido un adelanto por boca del Procurador Germán Miranda Villalona, quien tiene a su cargo la ocupación de los bienes de elementos condenados por esos mismos delitos, cuando en las últimas semanas de la campaña electoral advirtió que las autoridades se mantenían al acecho sobre unos veinte o más aspirantes que figuraban en las boletas de los distintos partidos, los cuales estarían vinculados a esas actividades criminales.
En esa ocasión se afirmó que por mandato de la Constitución no era posible hacer públicos los nombres de los supuestamente sometidos a vigilancia, ni menos aún prohibirles que se presentasen como candidatos, pero que los partidos postulantes sabían de quienes se trataba y sus posibles turbios antecedentes. Estos prefirieron no darse por enterados. Es de suponer que los elementos de que disponían las autoridades fiscales todavía no habían cobrado el suficiente valor probatorio legal para instrumentarles el necesario expediente criminal.
Es el mismo alegato que ahora emplea el doctor Francisco Domínguez Brito para justificar el hecho de no poder revelar los nombres de los involucrados ni tampoco impedirles tomar posesión de sus curules, lo que hace suponer que las investigaciones se encuentran en una fase similar a las señaladas anteriormente. Sin embargo, afirmó que las autoridades continuarán manteniendo ojo vigilante sobre sus actuaciones en el hemiciclo tanto como de sus actividades fuera del mismo.
Duda legítima: en caso de obtenerse pruebas contundentes que permitan llevar a uno o más de estos congresistas a los tribunales, tomando en cuenta que los mismos están amparados por la inmunidad parlamentaria durante los períodos de legislatura, ¿cuál sería la decisión que tomarían sus colegas de hemiciclo y cuál la de los partidos que los postularon y sus respectivas bancadas? ¿Acordarían despojarlos de su inmunidad?
Recordemos el ya un tanto distante caso del diputado vegano Radhamés García, a quien sorprendieron traficando ilegales por la frontera cuando estaba al frente de nuestros consulados en Haití. Por mucho tiempo evadió la acción de la Justicia. Costó Dios y ayuda que fuese juzgado, si mal no recordamos por la Suprema Corte, donde logró una condena de apenas un año, de la que solo cumplió algunos meses. Luego lo postularon nuevamente por el mismo partido, que al parecer no tomó ninguna medida disciplinaria contra él… ¡y fue el diputado más votado en su provincia¡ Un contundente indicio de la pobreza de criterio de una gran parte de los electores al momento de ejercer el sufragio.
La posible penetración en el ejercicio político y por extensión y a través de esa vía, en el desempeño de posiciones públicas, de dineros sucios o de elementos vinculados a actividades ilícitas, tales el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos, ha sido objeto de numerosas alertas en reiteradas ocasiones y por diferentes vías.
En el proyecto de ley electoral sometido hace tiempo a conocimiento de las Cámaras Legislativas por la Junta Central Electoral, conjuntamente con el de ley de partidos, se establecía el mecanismo legal mediante el cual el organismo podía acceder al origen de los fondos recibidos por los diferentes partidos. Al presente, esa facultad solo rige para reclamar el destino que dan a los recursos que reciben del presupuesto nacional, una ley que no cumplió sus objetivos, que drena miles de millones de pesos de las arcas públicas y que una gran mayoría reclama sea derogada.
Con el precepto legal introducido en el proyecto que comentamos se busca precisamente crear el marco legal que permita a la Junta impedir la posible contaminación del proceso con la presencia de fondos de procedencia turbia, que de esa forma, mediante el apoyo prestado a determinados candidatos y agrupaciones que obtuvieran curules y cuotas de poder, tendrían a disposición espacios de influencia en las Cámaras Legislativas a favor de sus actividades criminales.
Nadie pregunte ni se pregunte, cual ha sido el destino de ambos proyectos. Seguro más que probable, que deben estar dormitando un largo sueño en el escritorio de algún legislador.
Veremos si ahora que en el Congreso se han puesto las pilas para aprobar una serie de proyectos que llevan largo tiempo de espera, estos dos que comentamos despiertan de su largo letargo y son tomados al menos como base para aprobar una ley de partidos y una ley electoral que respondan al propósito inaplazable de democratizar, sanear y elevar la calidad del ejercicio político y la función legislativa. Pero que cuales que sean los que aprueben de los varios que hay presentados, se incluya el necesario mecanismo que permita poner freno efectivo a la introducción de recursos y elementos vinculados a actividades delictivas, principalmente crímenes mayores.
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2016-07-05 01:47:26
