EL TIRO RAPIDO
Ha sido correcta y oportuna la decisión del Presidente Danilo Medina de nombrar una comisión de notables para indagar todos los aspectos concernientes a la licitación de las plantas a carbón de Santa Catalina, adjudicada a la Odebretch y en proceso avanzado de construcción.
Es obvio que aparte de las motivaciones éticas, la decisión está motivada por el justificado interés político del mandatario de dejar esclarecido este contrato a ojos del país con el aval de los miembros de la comisión. Esto así, por tratarse del más emblemático y de mayor cuantía suscrito bajo su gestión con la hoy muy cuestionada empresa brasileña, reo confeso de graves prácticas deshonestas.
Sobre todas las obras asignadas a la Odebretch pesa la sospecha de haberlo sido por el admitido pago de sobornos ascendentes a 92 millones de dólares. Sobre todas también la posibilidad de haberse abultado los correspondientes presupuestos de realización, lo que deberá someterlas a un riguroso proceso de auditoría para indagar la presencia de probables sobrevalorizaciones.
La comisión tiene un carácter variopinto con reconocidos y prestigiosos personeros de los sectores más representativos de la sociedad, encabezados por monseñor Agripino Núñez Collado. Pretender restarle valor a la misma por el hecho de que no figuran técnicos ni auditores o por otras alegaciones sin real fundamento, no pasaría de ser un pernicioso ejercicio de crítica politizada y sistemática, el clásico «palos si bogas y palos si no bogas». Esto así, cuando el propio decreto establece que la comisión podrá disponer de todos los medios auxiliares que requiera para llevar a cabo su labor.
Por otra parte, el alcance del trabajo de la comisión correrá de manera independiente a las investigaciones que por su parte lleve a cabo la Procuraduría General de la República, a fin de identificar los funcionarios e intermediarios que pudieran haber intervenido en la concesión de los contratos a cambio de los sobornos pagados por la empresa brasileña. Su carácter y finalidad obviamente son de carácter político.
Por lo pronto, el representante local de la Odebretch, según declaración del Procurador General, confirmó que el papel de intermediación corrió a cargo del empresario Angel Rondón, aunque este niega haber recibido el dinero de los sobornos. El papel de intermediario de Rondón ya figuraba de antes cuando salieron a la luz pública las primeras informaciones sobre el escándalo. Sin adelantar juicios de valor en este sentido, su nombre figuró vinculado a otras operaciones cuestionables anteriores que en su momento fueron objeto de investigación y al menos, en un caso, de condena a prisión de varios implicados, como ocurrió con el Plan Renove, aunque el no estuvo el grupo de sancionados.
Este martes el gerente local de la Odebretch, Marcelo Hofke, debió comparecer ante el Procurador. Lo hizo acompañado de su abogado y la encargada legal de la empresa. El interrogatorio se extendió por espacio de varias horas, lo que permite suponer que fue muy exhaustivo por más que no se conocen los detalles, salvo la escueta declaración del abogado de Hofke, quien dijo que si bien se insistió en el tema de los sobornos la Odebrecht en República Dominicana no dispone de esa información.
De ser así, es obvio que el gobierno a través de la Procuraduría deberá reclamar esa información directamente a la sede central de la empresa en Brasil, y que con independencia de que esta pueda haber hecho un acuerdo de confidencialidad dentro del arreglo a que arribó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no puede comprometer al país que no participó ni suscribió el mismo.
Tal como ya han comenzado a hacer otros países, el nuestro está en el derecho y el deber de obtener cuantas informaciones sean requeridas en este sentido, tanto para llevar adelante el expediente penal contra los involucrados en la escandalosa trama como la reclamación en el orden civil para lograr el justo resarcimiento en el plano económico, que debe comprender el monto de los sobornos pagados como cualquier sobrepresupuesto ilegal de las obras ejecutadas.
El caso de la Odebretch presenta tantas aristas que que pica y se extiende.
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2017-01-15 22:42:32