EL TIRO RAPIDO
Por pasadas y frustrantes experiencias, la mayoría de la gente desconfía del nombramiento de comisiones oficiales, sobre todo cuando se trata de evaluar situaciones que pudieran involucrar a funcionarios públicos, figuras políticas y personajes influyentes en la comisión de algún hecho punible.
Bien arraigada en el ánimo público la convicción de que, por lo general, estas comisiones no llegan a nada concreto y son más bien una forma de jugar con el tiempo para terminar convirtiéndose en una especie de cortina de humo, mientras el caso va perdiendo interés o resultan sustituidas por otras situaciones que desplazan la atención de la gente.
No ha ocurrido así con el caso de la cuestionada operación de venta y traspaso de terrenos de Los 3 Brazos. Contrario a pronósticos pesimistas, los integrantes de la comisión hicieron un cuidadoso trabajo de investigación y acaban de rendir un informe concluyente determinando que la transacción violó la Constitución y las leyes de Función Pública y de Reforma de la Empresa Pública.
Más aún. El informe advierte que el esquema comercial que se siguió fue «altamente perjudicial para el Estado Dominicano; donde el interés público fue lesionado por el interés privado». Esto así, sostiene la Comisión, por cuanto la venta de la propiedad fue tramitada a un costo muy por debajo, donde las empresas beneficiadas INEFA y TITULATEC establecieron un negocio con ganancias exorbitantes.
A consecuencia de lo anterior, la Comisión también recomienda remitir su informe al Ministerio Público para que este determine si en la operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los participantes.
El trabajo de la Comisión no se detiene ahí, sin embargo. Va más allá al contemplar la situación de los ocupantes de estos terrenos, muchos de los cuales tenían una permanencia de décadas, recomendando convertirlos de ocupantes en propietarios en forma ajustada a su condición socio-económica. En el caso de los más pudientes, vendiéndoles sus respectivas parcelas a un precio adecuado. Y por el contrario, entregando la propiedad a título gratuito a quienes disponen de recursos muy limitados para poder comprarla.
Finalmente, la Comisión propone la creación de «un mecanismo y calendario para el cierre definitivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y la Comisión de Reforma Empresa Pública». Obviamente la existencia de las mismas carece de justificación, contribuyendo a drenar innecesariamente los recursos del Estado.
Justo felicitar a la Comisión que presidió el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, por este trabajo de investigación y evaluación excepcionalmente bien realizado con diligencia, a conciencia y responsabilidad en defensa del patrimonio público, que marca la diferencia con respecto a otras fallidas y decepcionantes experiencias registradas anteriormente.
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2017-02-04 23:16:02
