Una constituyente apartidista
Por Guillermo Caram
La anunciada convocatoria a los partidos políticos por parte de la Comisión designada por el Presidente Fernández para lo relativo a la reforma constitucional, por tratarse de la primera manifestación pública de cómo va a relacionarse con la sociedad; pone en tela de juicio las intenciones, efectividad y pertinencia en torno a dicha reforma así como la Revolución Democrática que supuestamente ella entraña conforme ha venido pregonando el Jefe del Estado.
Esto así por que los partidos van a preferir y a tratar de incidir – para mantener su influencia en la vida política nacional y evitar que una reforma rompa con los privilegios que ellos han alcanzado y siguen disfrutando – por una reforma constitucional implementada mediante una Asamblea Revisora compuesta por los legisladores por ellos postulados; en lugar de una Constituyente que permita la participación de los mas amplios y genuinos intereses y sectores nacionales que podría entrañar el rompimiento de los privilegios en la conducción de la cosa pública que ostentan y detentan los partidos.
Y es que los partidos políticos dominicanos, a juzgar por sus comportamientos recientes, no conspirarán contra si mismos, ni amolaran cuchillos para su propia garganta, como sería si propiciaran una reforma constitucional que inspire, como debe ser, la introducción de normativas modificadoras al sistema político nacional y al régimen de partidos que lo sustenta; normativas que deben caracterizarse por estimular el adecentamiento moral, la eficiencia social y económica y la perfectibilidad de los instrumentos para preservar los derechos fundamentales de la nación y su población..
Ninguno de estos propósitos pueden obtenerse con partidos políticos que hacen causa solidaria con la corrupción, que actúan en función del interés personal y no el interés general de la nación y su población; y que se despreocupan por cumplir sus responsabilidades para alcanzar el Bien Común de la Nación.
Avalamos nuestra creencia (1) en las frágiles, acomodaticias y divorciadas de la realidad que caracterizaron las reformas constitucionales introducidas mediante Asambleas Revisoras dentro de la reciente etapa democrática de la vida política dominicana; (2) en las manoseadas y frustratorias reformas legales aprobadas por el Congreso Nacional dominado por un sistema de partidos que ya adopta la conformación de una partidocracia perjudicial para la misma democracia que sustenta; y (3) en los magros resultados obtenidos en los esfuerzos de concertación partidarios llevados a cabo en experiencias pasadas;.
(1) Recordemos de partida la reforma constitucional por vía de la Asamblea Revisora de 1994. Se prohibió la reelección presidencial y se introdujeron los colegios electorales cerrados que luego hubo que restablecer y suprimir mediante la revisión constitucional del 2002. Se introdujeron las elecciones separadas y la segunda vuelta electoral y no cesan las voces que claman por su reunificación y replanteo de ambas “innovaciones”.
(2) Con respecto a las reformas legales emanadas del sistema de partidos debemos preguntarnos cual de las reformas legales introducidas en los últimos diez años ha dado respuesta a las exigencias contemporáneas de la sociedad dominicana; sobre todo si recordamos que muchas de ellas fueron sistemáticamente inculcadas a la población como reinvindicadoras, como parte de “agendas pendientes”, en diálogos con representativos de los partidos. ¿Ha mejorado la seguridad ciudadana después de la reforma policial? La reforma del sector eléctrico, particularmente la eléctrica conformada por la reforma de la empresa pública y la Ley General de electricidad ¿mejoró el servicio, disminuyó los apagones, redujo las tarifas y eliminaron los subsidios como se había prometido? ¿A quien benefició la ley de hidrocarburos? ¿Impidió el Código Monetario la quiebra de bancos y el mal manejo estatal de la misma con las graves consecuencias para la economía y para la población? ¿La ley de seguridad social ha mejorado los servicios de salud a favor de contribuyentes pasados y presentes y ha garantizado la inversión de los cotizantes? ¿Acaso la nueva ley de medio ambiente pudo evitar que nos convirtiéramos en basurero de Rock Ash?
(3) Tampoco podemos olvidar recordemos las estropeadas modificaciones a los regímenes electorales, de partidos y del buen gobierno inducidas o endosadas en diálogos interpatidarios. ¿Como olvidar la concertación interpartidaria de 1998 que solo dio como resultado la conversión de la LMD en una manzana de discordia en perjuicio de los ayuntamientos y la conformación de una JCE repartida entre los partidos; neutralizando así la trayectoria de apartidización que venía observándose desde 1994 y restableciendo las posibilidades de tramposerías y cabildeos en los procesos del presente siglo? ¿Cómo olvidar las modificaciones del 2003 que separaron la JCE en dos cámaras, que hoy se quieren revertir, pero que viabilizaron “innovaciones” que retrasaron los conteos y proclamaciones que acabamos de sufrir? ¿Como olvidar los privilegios inconstitucionales introducidos por el sistema de partidos al modificar la ley que distribuye el financiamiento público a favor de los tres mayoritarios en lugar de asignaciones proporcionales a los votos obtenidos?
Toda reforma constitucional que se emprenda mediante una Asamblea Revisora dominada por el sistema de partidos no hará mas que profundizar el estropeo existente en nuestro sistema político. Los partidos tenderán a maniobrar la reforma para intentar mantener la apropiación de las decisiones públicas de las que se han apoderado en perjuicio del derecho y el interés nacional; e intentarán recuperar la incidencia que han venido perdiendo como agentes de cambio en la concretización de las aspiraciones nacionales ante una sociedad que los percibe, cada día mas, como preservativos del status quo en beneficio de los intereses particulares de sus dirigentes que se colocan para este fin al servicio de los peores intereses nacionales.
Una verdadera reforma constitucional que responda a los reclamos presentes de la sociedad dominicana y a las exigencias de los tiempos, solo puede ser llevada a cabo mediante a una Asamblea Constituyente en la que puedan participar no solo los actores dominantes del llamado sistema de partidos, sino también genuinos representantes de otras fuerzas políticas y sociales rejuvenecedoras y saneadoras de una nación amenazada por la desesperanza en su población, por el afrentoso efecto demostrador de las elites sociales y económicas dominantes y por la complicidad en la impunidad de sus elites políticas gobernantes.
Afortunadamente para viabilizar la participación de estas fuerzas políticas y sociales capaz de romper el secuestro de las decisiones públicas por parte de los partidos políticos dominicanos, se cuenta con el procedimiento legal relativo a candidaturas independientes previsto en el Art. 76 de la Ley Electoral; pudiendo adoptarse mayores precisiones en el texto mismo de la ley de convocatoria de la reforma constitucional con la que, según el Titulo XIII de la Constitución vigente, debe iniciarse el proceso para reformarla.
Guillermo Caram es político
2006-08-08 15:01:16
