EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
El pasado mes de julio, el Poder Ejecutivo emitiò un decreto otorgando un plazo terminante de treinta dìas para que todos los funcionarios de la Administración hiciesen su declaración de bienes. La pieza presidencial abarcò aùn a aquellos que ya habìan cumplido ese requisito al tiempo de tomar posesión de sus cargos.
El decreto fijò un tèrmino fatal de 30 dìas para cumplir con ese requisito. Para los infractores estableció tres tipos de sanción, a saber: la amonestación pùblica, la suspensión del sueldo y finalmente, como medida màs drástica, la destitución.
El plazo en cuestión, que finiquitaba el 18 de Agosto, dos dìas despuès de la toma de posesión de las nuevas autoridades congresionales y municipales, encontrò a muchos funcionarios sin haber obtemperado a la pieza presidencial. Esto asì, no obstante haberse establecido mecanismos digitales para que pudieran satisfacer con toda facilidad esa obligación establecida además por ley.
Se mostrò consecuente en ese momento el Director del DEPRECO al disponer la extensión del plazo por quince dìas adicionales, que vencieron precisamente el pasado 6 de Septiembre.
El caso es que de mil 411 funcionarios adscriptos al Poder Ejecutivo y al Ministerio Pùblico obligados a actualizar sus declaraciones, sòlo lo han hecho 775. El resto al parecer, no obstante el plazo extendido, han estado demasiado entretenidos o quitados de bulla en cuanto a la importancia de cumplir la disposiciòn presidencial. O simplemente consideran que las sanciones advertidas en el decreto para quienes desconozcan sus disposiciones no les seràn aplicadas, tal como ha ocurrido en tantas otras ocasiones anteriores con los que han violado las disposiciones legales.
Toca ahora a las autoridades correspondientes, en particular al Director del DEPRECO, Octavio Lìster, quien hizo en TELEDEBATE promesa formal de que harìa cumplir el decreto, aplicar las sanciones de rigor establecidas en el mismo. Como primera medida, Lìster ha anunciado que esta misma semana publicarà los nombres de los que han desconocido la disposición. Es de suponer que posteriormente, se procederà a retener el sueldo a quienes todavìa se muestren renuentes a dar cuenta de sus bienes.
Pudiera parecer un tràmite sin mayor importancia en este paìs nuestro en donde todo es posible y tantas situaciones peores se producen en un marco de influencias y complicidades que disuelven los delitos en el àcido corrosivo de la màs escandalosa impunidad.
Pero si realmente se quiere fortalecer la institucionalidad, hay que recordar y, en su caso obligar, a quienes desempeñan cargos en la Administración que son los primeros supuestos a cumplir las normas legales. Màs en este caso, en que se trata de una disposiciòn que trata de limitarle espacio a la corrupciòn y al enriquecimiento ilícito, y ponérsela un poco màs difìcil a quienes van a las posiciones pùblicas con ànimo no de servir sino de servirse apelando a todo gènero de trapacerìas, turbias maquinaciones e ilegalidades para satisfacer sus apetencias.
El Director del Departamento de Prevención de la Corrupciòn Pùblica dispone de la autoridad necesaria para que tal no ocurra.
2006-09-13 12:48:51
