EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
Màs que solo preocupar debìa ser tambièn causa de justificada indignación el resultado de la verificación sobre las condiciones de seguridad en diferentes lugares de diversión de la capital, llevada a cabo por inspectores del ayuntamiento del Distrito Nacional. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por la prensa, la auditoria revelò fallas y debilidades de diversa naturaleza en nada menos que 132 de tales sitios.
Entre las deficiencias detectadas por el personal que llevò a cabo la inspección, figuran: carecer de equipos contra incendios y peor aùn, de señalizaciones y salidas de emergencia en caso de necesidad. De igual modo, instalaciones defectuosas de gas propano, o sea, la misma razón por la que se produjo la explosión en la plaza Diamond Mall, que provocò la muerte de un modesto obrero y no cobrò lo que pudiera haber sido un nùmero impresionante de vìctimas por haber ocurrido en hora temprana de la mañana, cuando aùn no estaba abierta al pùblico.
Hay que imaginarse por un instante lo que pudiera haber ocurrido en cualquiera de estos negocios en caso de un incendio, un derrumbe o cualquier otro accidente que exigiese la rápida evacuación del pùblico y el personal de servicio en los mismos. La cantidad de muertos y lesionados como consecuencia de una situaciòn de esa naturaleza que, por gracia de Dios no ha ocurrido, pero que ha sucedido en màs de una ocasión en sitios similares en otros paìses, precisamente por las mismas condiciones de inseguridad.
¿Son los ùnicos responsables de esta situaciòn los propietarios de estos lugares de diversión? Ciertamente que no. La culpa tambièn sobre las autoridades que les otorgaron el permiso correspondiente para instalar y explotar sus negocios en estas condiciones de total imprevisión, de absoluta falta de seguridad y de respeto por la vida de las personas que concurren a los mismos y de la empleomanìa que labora en ellos. Y tambièn por las que periódicamente debieron inspeccionar los mismos, como ahora se acaba de hacer, sin exigir los correctivos de lugar.
La propia informaciòn que comentamos, da cuenta de que las autoridades han dado un plazo de hasta 3 meses a los negocios en falta para que corrijan las deficiencias de seguridad detentadas. Ocurre que los establecimientos que operan en estas condiciones no han sido identificados. Y hay que preguntar ¿què garantiza que en estos noventa dìas de plazo, que por lo general luego se extienden a favor de los morosos como ocurriò con el decreto presidencial que dispuso la declaración de bienes de los funcionarios antes del 17 de Agosto, no se va a producir ningùn desastre? ¿Còmo tener la seguridad de que no ocurrirà un incendio o una explosión similar a la del Diamond Mall, debido a las instalaciones defectuosas de gas propano?
No es nuestra intención causar perjuicios económicos a esos negocios ni afectar un centro de trabajo. Pero ninguna consideración puede ser superior a la de preservar la vida humana. Y serìa muy penoso y sobre todo irremediable, que por conveniencias menores se corriera ese riesgo en establecimientos abiertos al pùblico que, en caso de un imprevisible accidente, pudieran convertirse en ratoneras y posiblemente en tumbas por no disponer de vìas de evacuación para los clientes y la empleomanìa que presta servicios en los mismos.
Lo menos que pueden hacer las autoridades es divulgar los nombres de los negocios que presentan debilidades en sus sistemas de seguridad, si es que los tienen, a fin de que el pùblico que acude a esos lugares estè debidamente advertido del riesgo. O tambièn obligarles a colocar carteles de advertencia a la entrada de los mismos, señalando que se encuentran en proceso de instalarlos o mejorarlos.
Una decisiòn penosa, si se quiere, pero mucho menos que si tuviéramos que lamentar la pèrdida de una vida que pudo evitarse.
2006-09-27 12:22:49
