EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
De urgencia fue aprobada ayer en dos lecturas consecutivas por la Càmara de Diputados el proyecto de modificación de la Ley de Contrataciòn Pùblica de Bienes. Es una de las leyes fundamentales que requiere la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica.
Es tambièn un viejo reclamo que se ha venido aireando por espacio de varias décadas y distintos gobiernos, como un mecanismo necesario para depurar las compras de bienes y servicios del Estado sometiéndolas al procedimiento de la licitación pùblica.
De siempre se ha considerado que la contrataciòn de las obras estatales por el sistema de grado a grado ha sido proclive a todo gènero de pràcticas cuestionables. Desde el famoso y tradicional cobro del 10 porciento de comisiòn que incrementa los costos del Estado hasta el uso de materiales de inferior calidad y con precios exageradamente abultados, que proporcionan a los involucrados ganancias ilicitas y multimillonarias, en ocasiones en volúmenes escandalosamene exagerados.
Seguramente si pudieran cuantificarse las cantidades que de esta forma se han desviado hacia las arcas personales de cuantos en una u otra forma, elementos del sector privado en complicidad con el pùblico, se han envuelto en estas acciones dolosas, siempre arropadas por la màs vergonzosa impunidad, precisarìa hacer uso de una calculadora de gran capacidad.
Miles y miles y màs miles de millones de pesos han drenado el presupuesto por esa vìa. Son dineros extraìdos de los bolsillos de los contribuyentes que hubieran podido ser utilizados provechosamente para impulsar la educación y mejorar la salud, pero que sin embargo, en muchos casos, se exhiben en arrogante desafìo a la autoridad,la justicia y la transparencia en forma de lujosas residencias, costosas casas playeras y carros de las marcas màs caras ante los ojos asombrados e irritados de la ciudadanìa.
En el Congreso de la Republica por mucho tiempo deambulò, sin recibir la necesaria, urgente y merecida acogida, un proyecto destinado a eliminar el siempre sospechoso sistema de grado a grado para sustituirlo por el de la licitación o concurso pùblico. El mismo era de la autorìa del diputado Alejandro Montàs, quien anteriormente fue presidente del CODIA. Con posterioridad, el Presidente Fernández enviò un proyecto elaborado por el Ejecutivo con esa misma finalidad, el cual tambièn anduvo de tumbos por los escritorios y comisiones congresionales.
En sustitución temporal, para cubrir la brecha dejada por esa legislación faltante y ante la exigencia del DR-CAFTA como uno de sus requisitos primordiales, el propio Ejecutivo promulgò un llamado decreto-puente. Este sin embargo no satisfacía desde el punto de vista legal, los requerimientos del Tratado que exige la seguridad jurídica de una legislación congresional que regule las compras estatales a fin de que se realicen dentro de un marco de la màs estricta competencia y transparencia.
Penoso en verdad que hayamos tenido que recibir la presiòn del DR-CAFTA para promover una ley que debimos haber asumido e implementado desde hace mucho tiempo por propia iniciativa.
Pero como a fin de cuentas como bien dicen que màs vale tarde, que nunca y sin importar la razòn que lo haya impulsado, vale saludar la urgencia con que la Càmara aprobò la tan necesaria legislación.
Que por ahì, si se aplica con el debido rigor, el Estado podrà ahorrarse una verdadera balsa de cuartos que es de esperar sean destinados a fines prioritarios.
2006-12-08 14:50:03
