EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
El Senado de la Repùblica aprobò ayer de urgencia, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que criminaliza el fraude eléctrico. En esta oportunidad no hubo oposición a la pieza. La totalidad de los senadores presentes le concedieron el aval de sus votos.
Sin embargo, el proyecto sufriò modificaciones interesantes.
Una de ellas es que si bien penaliza con multas a los consumidores de menos de mil kilovatios mensuales, los exime del castigo de prisión que, por el contrario, se establece en escala gradual y ascendente hasta llegar a tres años a usuarios mayores conjuntamente con sanciones económicas a partir de 320 salarios mínimos hasta un tope de 5 mil.
Otro de los aspectos interesantes del proyecto aprobado que ahora pasarà a la Càmara, donde se espera que reciba el mismo tratamiento de urgencia y cuente igualmente con una votación si no unànime, decisivamente mayoritaria, es que las distribuidoras no escapan indemnes a sus responsabilidades frente a sus respectivos clientes.
Asì, queda establecido que en casos comprobados de error de mediciòn en el consumo, la EDE culpable tendrà que resarcir al usuario en diez veces la cantidad de kilovatios que le haya facturado de màs.
Ambas modificaciones coinciden con advertencias que habìa hecho el ex senador peledeìsta Josè Tomàs Pérez, quien ahora mismo corre como precandidato presidencial del partido morado, y cuyas declaraciones acogimos y comentamos en TELEDEBATE.
El respetado dirigente político habìa expresado temores de que la pieza pudiera convertirse en un instrumento de presión y persecución contra los sectores de màs bajos ingresos, que, como antes se señalò quedaràn eximidos de responsabilidad penal aunque tendrán que afrontar una moderada sanción económica en caso de fraude.
Y, por otra parte, habìa reclamado penalidad para las distribuidoras por posibles abusos y excesos frente a sus clientes respectivos, lo que tambièn se contempla ahora en el proyecto modificado.
La problemática eléctrica es muy compleja y presenta diferentes vertientes. Pero la opinión de los expertos traìdos de fuera tanto como los locales para hacer el diagnòstico de la crisis y proponer soluciones, ha coincidido en señalar que el principal obstáculo a superar es la energía servida y no cobrada que se acerca al cincuenta por ciento, en buena medida como consecuencia del fraude sobre todo de grandes consumidores. Un porcentaje varias veces mayor que el promedio en paìses de nivel de desarrollo parecido al nuestro.
Es evidente que mientras el servicio energético no sea autofinanciable, estaremos inexorablemente condenados a los apagones y las abultadas facturaciones que pesan sobre la sobrecargada economìa de la mayorìa de quienes pagan en forma religiosa el consumo de electricidad, asì como el Estado a subsidiar el mismo a riesgo de parar y hasta desestabilizar el paìs, si no lo hace.
De ahì, que aunque no de forma excluyente ya que es preciso atacar otras diversas fallas, irregularidades e incongruencias que presenta el vital sector energético, se le otorgue prioridad al propòsito de sancionar el fraude y tratar de reducirlo a su mínima expresiòn.
A ver si en un tiempo razonable, sin hacernos la ilusión de que en plazo breve pero tampoco sin vernos condenados a una espera demasiado prolongada, podamos contar con un servicio decente y a un costo asequible, las generadoras cobrar a tiempo por la energía que sirven, las distribuidoras equilibrar sus deficitarias finanzas y el Estado ahorrarse esos cuatrocientos millones de dólares que destinarà este año a subsidiar el servicio, y que bien pudieran dedicarse a fines sociales de gran importancia como son mejorar la salud y la educación y reducir los elevados niveles de pobreza.
(TELEDEBATE. Canal 23, Telefuturo, cubriendo todo el paìs vìa satélite y contando con los servicios de Aster, Telecable Nacional y 55 cables locales. A nivel internacional, en vivo y directo, a travès de Internet. De lunes a viernes, 8 p.m. Transmisión del jueves 11,01,07).
2007-01-14 19:45:45
