Resolver el problema de transporte en lugar de sólo enfrentar a los gremios
Por Guillermo Caram
Hace bien el Gobierno en aplicar la ley a quienes obstaculicen la prestación de un servicio público que a su vez incite a la alteración del orden.
Por otro lado, nadie puede negarle al gobierno o al PLD, y a sus funcionarios y directivos, el derecho de propiciar un nuevo gremio – UNATRAFIN -, dividiendo los actuales; para contrarrestar a quienes han protagonizados estas acciones sin ocultar su identificación y preferencias partidarias.
Pero en lo que no se puede equivocar al gobierno es en que las medidas que está tomando solo conducen a enfrentar las amenazas de los gremios y no a solucionar los problemas del transporte, que es lo que aspira la ciudadanía.
Si el Gobierno creyera que la ciudadanía se conforma con que las autoridades enfrenten a los gremios, estaría tan desenfocado de la percepción ciudadana como lo han estado los gremios al creer que cuentan con apoyo popular en sus absurdas pretensiones; tal y como declararon en una ocasión, de que cuentan con 7 de cada 10 ciudadanos favoreciendo su causa.
Más aún cuando en realidad ha sucedido todo lo contrario. Las absurdas pretensiones y acciones de los gremios han contribuido a que el gobierno recupere autoridad perdida por falta de decisiones; y ha volcado a su favor una opinión pública que le estaba resultando adversa en este campo, y, por extensión, en los demás campos del accionar gubernamental.
La ciudadanía espera que el gobierno solucione el problema del transporte y no se limite ni entretenga con enfrentar a los gremios; pudiendo lo último agravar lo primero. ¿Quien garantiza que UNATRAFIN no se convierta en un nuevo foco demandante de los mismos privilegios – de rutas, financiamiento de unidades, subsidios, etc. – que hoy disfrutan los gremios actuales; o que estimule el establecimiento por parte del gobierno de otro ONATRATE, OMSA o RENOVE.
Para solucionar el problema del transporte, el gobierno tiene en sus manos un arma poderosa que al mismo tiempo desactivaría las amenazas ya permanentes provenientes des gremios: ejercer plenamente su autoridad, eliminando controles en tarifas y rutas, hasta liberarlas, dejarla al libre juego de la oferta y la demanda como se supone que debe ser en una nación regida por la economía de mercado como es la República Dominicana.
Esta liberalización desactivaría las amenazas de los gremios, puesto el absurdo subsidio que solicitan lo hacen argumentando que el gobierno no le autoriza aumentos tarifarios.
Pero liberar las tarifas manteniendo al mismo tiempo la oferta controlada a través de los permisos para operar rutas, tiende a fomentar oligopolios privados prohibidos constitucionalmente y al consecuente enriquecimiento excesivo de quienes las operan puesto que fijan los precios antojadizamente, poniéndose de acuerdo entre ellos.
De allí que la liberalización de las tarifas se impone una contraparte obligatoria: liberar rutas mediante la cancelación de los permisos actualmente otorgados. De esta forma se aumentaría la oferta. Recuérdese al respecto que las rutas constituyen un activo intangible generado por la evolución de la sociedad y la inversión del Estado, por lo que sus beneficios no pueden recaer en ningún sector en particular.
Con el proceder sugerido en ésta declaración, el gobierno resolvería el problema de transporte y al mismo tiempo desactivaría las amenazas provenientes de los gremios; y no actuaría solamente orientado hacia esto último que es lo que se está vislumbrando.
La liberalización de las rutas estimularía a personas y empresas reconocidas, entre los cuales no pueden excluirse los gremios actuales, a invertir en unidades que satisfagan la demanda, contribuyendo a su eficientización y abaratamiento en la medida que las unidades agregadas sean de gran capacidad.
Esta solución abrirían nuevas líneas de negocios activadoras de la economía y eliminaría el factor de corrupción que siempre subyace donde quiera que haya que conceder un permiso.
El gobierno tiene la palabra
2007-03-23 16:54:34
