EL TIRO RAPIDO
Por: Mario Rivadulla
La espectacular denuncia hecha por el licenciado Max Puig, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre una posible especie de conspiración de varios legisladores de todos los partidos para arrancar una buena tajada de terrenos dentro de àreas protegidas del territorio nacional y entregarlas a particulares, ha desatado todos los demonios en los dominios congresionales. De paso, ha colocado en el ojo de la tormenta al funcionario denunciante.
Varios congresistas han reaccionado airados contra la denuncia de Max Puig, al que califican de irresponsable en el mejor de los casos, incluyendo algunos de la propia àrea oficial a la que està aliado el partido emergente que liderea el primero y que, por cierto, le aportò una buena cantidad de decenas de miles de votos al Presidente Leonel Fernández en las elecciones que lo llevaron al poder en el 2004.
A Puig se le reprocha sobre todo, haber lanzado esta denuncia al voleo sin citar los nombres de los presuntos responsables. De ahì que algunos legisladores, entre èstos el Presidente de la Càmara de Diputados, Julio Cèsar Valentìn, le estèn reclamando identificar a quienes de ellos estarìan supuestamente involucrados en esta trama. Todo un real asalto a la reserva de recursos naturales con que cuenta el paìs.
Paradójicamente vale recordar que al propio timonel de la Càmara Baja se le hizo el mismo reclamo cuando dìas atràs, al comparecer ante la Esquina Joven del Diario Hoy, revelò que el narcotráfico estaba financiando campañas polìticas en el paìs. En esa ocasiòn incurriò en la misma falta que hoy le reprocha a Puig, similar a la de tantos otros funcionarios, al abstenerse de mencionar a los presuntos mecenas tanto como a los beneficiados. Hasta ahora, Valentìn se ha hecho el desentendido ante la exigencia de que revele sus nombres.
Sin embargo, frente a este reto y la amenaza de poder ser interpelado, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha prometido identificar con “pelos y señales” todo lo relacionado con el caso…pero solo ante los Presidentes de la Càmara y el Senado.
El planteamiento es insólito e inadmisible. Puig olvida que èl hizo su denuncia de manera pùblica, por tanto los detalles de la misma tienen que ser tambièn de dominio pùblico. No hay nada que justifique que no sea asì, ya que no se trata de informaciòn clasificada como se alega en el caso de los planos del Metro cuyo conocimiento pudiera comprometer la seguridad del mismo por la posible comisión de un acto terrorista o de delincuencia que ponga en riesgo la obra, o posteriormente, una vez en uso, la seguridad de sus operadores y pasajeros.
Es evidente que cuando Max Puig hizo la denuncia que comentamos a nivel pùblico le restò carácter de confidencialidad. Y que por consiguiente, no le asiste ninguna razòn para limitar los “pelos y señales” que promete al simple y reservado conocimiento de los presidentes de la Càmara y el Senado.
Vivimos en democracia. En un règimen abierto y contestario de conocimiento y opinión. Poseemos inclusive el arma legal de una Ley de Acceso a la Informaciòn Pùblica. Por consiguiente, el pueblo tiene derecho a saber. Y ningún funcionario puede regatearle ese derecho.
Està obligado por consiguiente el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a proceder responsablemente, dando a conocer los nombres de los legisladores que estarìan promoviendo este proyecto para general conocimiento.
Porque en adiciòn del acceso a la informaciòn, cuando hablamos del patrimonio nacional estamos hablando de algo que es propiedad de todos los dominicanos quienes además, estamos en el derecho y el deber de defenderlo.
2007-06-03 23:39:34
