EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
En estos últimos dìas, a travès de diferentes voces representativas, ha cobrado fuerza el reclamo de que las autoridades incrementen sus esfuerzos por poner freno a la violencia. Entre las propuestas sugeridas, se plantea la del desarme de la población civil.
A todos en verdad, exceptuando como es lógico a los criminales y a los enemigos de la paz, preocupa el grado de violencia social y criminal en que nos estamos desenvolviendo. Y todos desearìamos que las autoridades dispusieran de la capacidad y los mecanismos necesarios para poder combatirla y reducirla a su mínima expresión.
Ahora bien…¿Serìa la soluciòn al problema el posible desarme de aquellos ciudadanos que, por una u otra razón, poseen un arma debidamente registrada y el permiso legal para su tenencia?
Pensamos que la propuesta està animada de las mejores intenciones. ¡Què mejor que poder convivir en paz y seguridad en una sociedad donde nadie, por ninguna razón, tuviese necesidad de poseer un arma de fuego o de cualquier otra naturaleza para defender su vida y la de los suyos asì como su patrimonio!
Pero lamentablemente, la realidad es muy distinta. Vayamos a un breve ejercicio pràctico.
En el paìs hay 9 millones largos de habitantes. Hagamos la idea de que el índice de criminalidad considerado en su percentil proporcional màs bajo està en el uno porciento, lo que nos darìa unos 90 mil y tantos malhechores. Si a esto le restamos 14 mil presos preventivos que guardan nuestras càrceles, en el supuesto de que todos fuesen culpables, tendríamos entonces en las calles unos setenta y seis mil maleantes, de todos los grados de peligrosidad imaginables: narcotraficantes, minidistribuidores, atracadores, secuestradores, ejecutores por encargo hasta simples ladrones capaces de asesinar por un celular o un par de tennis.
Hoy por hoy, cabe suponer, y hay razones de sobra para ello, que la totalidad de esta variada gama de delincuentes està armada, en muchos casos disponiendo de un poder de fuego superior al de las autoridades. La mayorìa de esas armas son ilegales, fruto del contrabando, mientras que el resto es robada. Si en la comisiòn de alguna fechoría aparece un arma registrada pertenece a un policìa o un guardia asociados al delito.
Para enfrentar a esos 76 mil delincuentes disponemos de una fuerza policial que apenas llega a 30 mil agentes, de los cuales posiblemente la mitad està realizando servicios privados fuera de la institución. Desde empujar el carrito del supermercado detràs de una doña privilegiada hasta servir de espalderos a particulares o prestar servicios de vigilancia en negocios privados.
Si desarmamos a la totalidad de la población civil, ¿en què grave situaciòn quedarìa entonces el ciudadano frente a la amenaza representada por esos 76 mil peligrosos y armados malhechores? ¿Serìan acaso suficientes para hacerles frente y garantizar la seguridad social, esos apenas 15 mil policìas, no pòcos de los cuales o se hacen de la vista gorda frente a aquellos o entran en franca complicidad con ellos? Ejemplos sobran.
¿Pudiera sentirse la sociedad segura en estas condiciones? ¿Còmo poder defenderse un ciudadano inerme, desprotegido, frente a la agresión de un malhechor, careciendo de la protección de una autoridad de recursos a todas luces limitados e insuficientes? La respuesta es demasiado obvia.
El propio Secretario de Interior y Policìa, con una visión muy realista, acaba de declarar que no se puede desarmar a toda la población. Que hay quienes por diversas razones,se justifica que porten un arma con fines defensivos.
A la luz de esta realidad y de las circunstancias en que se està desenvolviendo el paìs, nos parece que la propuesta con sentido màs pràctico y realista es la de hacer màs estricto el proceso de evaluación y concesión de licencias de armas. Que no sea, simplemente ni tenga como principal motivación, recaudar fondos para el fisco. Que por el contrario se haga màs estricto y exigente el proceso de evaluación y concesión.
Y de paso que, salvo en caso justificado, autorizar la tenencia exclusivamente en el hogar o en el negocio como arma defensiva, y no el porte indiscriminado que, en muchos casos, conlleva un potencial de agresividad como ha quedado demostrado en algunos penosos hechos de sangre.
Porque en buena lógica, frente a nuestra realidad, lo sensato y razonable serìa plantear y proceder al desarme de la delincuencia antes que a la población civil.
2007-06-21 15:49:29
