Preocupación por el ingreso, mientras los políticos piensan en candidaturas Un Uruguay contradictorio, reformista e injusto
Carlos Santiago
ALAI AMLATINA, 02/08/2007, Montevideo.- Parecería que seguimos con las mismas perniciosas visiones en una comarca altamente politizada, donde persisten los problemas recurrentes que se han mantenido desde siempre y son, quizás, el producto de modalidades conservadoras de un país que no puede sortear algunos obstáculos insalvables para aspirar a un desarrollo sostenido, mientras aquí en la superestructura hablamos reiteradamente de un temas más que manido: las candidaturas.
Lo ocurrido con la reforma impositiva es un ejemplo de ello. A treinta días de su aplicación parece desflecarse en toda su estructura, en medio de un escándalo generalizado en que las quejas y las chicanas aparecen a diario para horadar las normas tributarias que aparecieron como uno de los caballitos de batalla, no solo de la coalición del gobierno, sino de las aspiraciones presidenciales de quién es hoy ministro de Economía, Danilo Astori.
Y para colmo, en medio de la vorágine impensada por quienes creyeron que una reforma tan “pesada” no iba a provocar una rechazo generalizado y, obviamente, un altísimo costo político, aparece la discusión de otra norma plúmbea que, de aprobarse como está proyectada, implicará – más allá de sus proclamadas virtudes – que se descontará masivamente a todos los trabajadores, el nada despreciable porcentaje del 6% de su ingreso nominal, con el argumento que así se financiará la atención de los hijos de hasta 18 años de los trabajadores, salvándose de la quita los jubilados que seguirán igual que ahora, porque los que hoy no están cubiertos por el recibo mutual seguirán en la misma condición.
Claro, en el caso de los trabajadores, el descuento proyectado es masivo, tanto para quienes tienen hijos a su cargo como para quienes no lo tienen, en una igualación para arriba sorprendente que se suma, obviamente, a la fuerte quita que están sufriendo los sectores medios con la aplicación de la reforma impositiva.
Paralelamente, por distintas razones, tampoco se cumplieron prometidas rebajas de precios de los artículos de primera necesidad que se irían a verificar como consecuencia de la caída del IVA básico que se aplica a varios productos de primera necesidad, que pasó de 14 a 10 %, y ni hablemos del general, que solo se redujo en un punto, que nadie siente en sus facturas, pasando de 23 a 22%.
Con cierta ingenuidad política sectores sindicales – mediatizados quizás por las reiteradas afirmaciones provenientes del ámbito político – sin tener en cuenta los problemas estacionales ni otros factores que han provocado un importante crecimiento del precio de la carne, frutas, hortalizas, etc., salieron a controlar precios, como si el crecimiento de los mismos fuera solo el resultado de medidas especulativas y no, como es evidente en este caso, de otros factores, climáticos, de reducción de stock ganadero y del comienzo del traslado a los productos de la incidencia de la propia reforma impositiva, lo que obviamente también ocurre. El caso de los alquileres es flagrante.
¡Ingenuidad!, que también se puede extender a las propias autoridades del Ministerio de Economía que, obviamente, montados en la teoría más que libresca sobre los mecanismos impositivos a aplicar, trataron de reformar la caótica arquitectura impositiva uruguaya, concretaron un proyecto que afecta directamente a los sectores de ingresos medios de la población, con el slogan de que “pagarán más los que tienen más”, cuando
en nuestro país no existen sectores altamente adinerados y los que tienen recursos superiores, obviamente, están a salvo de la voracidad impositiva porque la reforma no tiene mecanismos previstos para controlar sus ingresos o capitales.
Además, existe otro elemento inherente a la propia reforma: la misma está diseñada específicamente para no gravar al capital, al temer el ministro Astori – y razón no le falta dada la clásica volatilidad del capital – que cualquier medida de ese tipo provocaría, obviamente, una fuga masiva a bancos del exterior, lo que igual está ocurriendo.
Parte de esta política integró el informe que Astori dio a conocer el almuerzo en que fue la figura central frente a empresarios argentinos en la ciudad de Buenos Aires. Empresarios que masivamente querían saber, entre otras cosas, que es lo que se hará finalmente con las SAFIs, mecanismo utilizado por muchos capitalistas del país vecino para operaciones de todo tipo en nuestro país (qué ya conocemos), tema que seguramente el ministro debe haber tratado a nivel personal con más de uno de los presentes.
Sin embargo, cuando escribimos esta nota, todavía no se ha producido el vórtice del ruido que, tenemos claro, determinarán los descuentos que vienen en los recibos de Julio por la aplicación de la reforma impositiva, porque recién están comenzando a recibirse (digerirse), por los involucrados, aumentando un por ahora sordo ruido al parecer generalizado proveniente, por supuesto, de todos los sectores de trabajadores que tienen más incidencia en la producción de riqueza.
Esperemos que no se convierta en un ensordecedor clamor que determine una ola convulsiva de conflictos de quienes quieran, vía mejoras de todo tipo, resarcirse (que ya han aparecido) del golpe impositivo que sorprendió – como muchos sabemos – hasta a los propios legisladores que impulsaron la reforma, argumentaron a favor de la misma, pero nunca midieron sus consecuencias sobre sus ingresos que, obviamente, también fueron afectados.
El presente está lleno de claves y el futuro es rico en incógnitas en que, obviamente, la coalición del gobierno se está jugando al aplicar su primera reforma, la impositiva, con su propio futuro político. La pregunta que surge es: ¿Los uruguayos asalariados son pasibles de pagar quitas impositivas de esta magnitud, cuando la economía del país estaba ostensiblemente creciendo en base a la mejoría salarial y a la posibilidad que tuvo la gente de generar ahorro?
¿La reforma impositiva, por su magnitud, no determinará una demasiado importante caída del ahorro y, por lo tanto, un achicamiento evidente del consumo lo que tendría consecuencias en el crecimiento?
¿La gente está en condiciones de absorber un cambio tan abrupto de sus opciones de vida, sin modificar paralelamente su visión política y, por lo tanto, modificar las piezas en el tablero nacional a dos años de los comicios?
Son algunas interrogantes a despejar que, de aplicarse sin anestesia la reforma de la salud a partir del próximo mes de enero, que sumará para el grueso de la población asalariada una quita del 6% de sus ingresos sobre la actual de la reforma impositiva, determinará – más allá de la ampliación de la cobertura de salud que su puesta en marcha implica – nuevos cambios conceptúales en la sociedad uruguaya.
Una sociedad que asiste a una estricta aplicación de medidas económicas de corte claramente clásico que evitan, siempre, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, subsidiar consumos, aumentando los mínimos no imponibles (impuesto a las ganancias), etc., en una política que, obviamente, tiene un sentido claramente muy distinto al emprendido desde las alturas del Edificio Libertad, en donde, por ejemplo, nunca se ha pensado achicar ese 50 % impositivo que tienen las naftas, que aumenta proporcionalmente con cada incremento, trasladando el incremento del crudo directamente al usuario, sin reducir nunca situaciones de privilegio, acciones políticas de las propias empresas, de “tirar manteca al techo”, financiando actividades de antemano no rentables, lo que les provoca pérdidas cuantiosas. ¿Es necesario enumerar estos emprendimientos?
Y todo ello con un solo caballito de batalla. La tarifa descarnada, en que ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland )no pierde, rentas generales aumenta sus ingresos incremento a incremento, aunque por el otro lado se recienta en consumo y como tal la economía.
Son las contradicciones de un Uruguay en donde se habla de equidad, de igualdad, de extender la salud a todos, pero en que se le niegan en algunas mutualistas medicamentos esenciales para mantener la vida a pacientes oncológicos, sin que actúe como debiera el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos se haga el desentendido, sin hablar de otras “implicancias” a las que nos referiremos a fondo en un próximo trabajo.
– Carlos Santiago es periodista. Secretario de redacción de Bitácora.
2007-08-04 21:58:33
