EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
Dos o tres semanas atràs, el director general de Aduanas, Miguel Cocco, destapò nuevamente el velo que cubre el tema de la corrupciòn. El funcionario lo puso sobre el tapete con unas declaraciones muy enérgicas referidas tanto a funcionarios del presente gobierno como de los anteriores, quejándose de que hay quienes acceder a un cargo pùblico no con la finalidad de servir sino de servirse.
A partir de ahì se han dejado escuchar varias opiniones orientadas en la misma direcciòn y resaltando la necesidad imperiosa de poner un freno a las acciones dolosas, que provienen tanto desde litorales políticos como del mismo sector privado.
Para ello, dijimos entonces y reiteramos ahora, se precisa de voluntad política pero tambièn de una firme determinación ciudadana. Ambas han faltado hasta el presente. Es una situaciòn que en su momento reflejò el entonces renunciante Procurador General de la Repùblica bajo la pasada gestión de gobierno, el doctor Virgilio Bello Rosa, cuando afirmò que habìa ausencia de interés por parte no sòlo de los sucesivos gobiernos y partidos políticos sino tambièn de la propia sociedad.
La razón fundamental es el estrecho entramado de intereses que prima en el seno de nuestro pequeño paìs caribeño que, por una u otra razón, va cubriendo de impunidad las huellas de la corrupciòn.
Precisamente en relaciòn con el tema, El Nacional de Ahora acaba de publicar un revelador recuento de lo ocurrido en los últimos veinticinco años, donde se han instrumentado y enviado a la justicia unos 250 expedientes involucrando actos dolosos. Sin embargo de ese gran total, apenas ha recaìdo fallo definitivo en ocho, y solamente se ha establecido la culpabilidad de tres personas.
Estos resultados no pueden ser màs penosos. Van acompañados de los màs fuertes cuestionamientos y dan la sensación de que es inútil cuanto se haga por tratar de combatir la corrupciòn.
Muchos se preguntan si realmente se trata de casos mal preparados por los fiscales y presentados a los tribunales huérfanos de los necesarios elementos probatorios. Otros, si timidez por parte de algunos jueces que no quieren meterse en problemas, sobre todo cuando al inculpado se le reconoce como una persona influyente. Se piensa en presiones políticas y de sectores económicos y no se descarta el posible soborno.
Cual sea la causa lo cierto es que la impresiòn que dejan estos resultados no puede ser màs penosa y desalentadora. Pero lo es tambièn la forma en que la mayorìa de los dominicanos no parece otorgarle la importancia requerida a la lacra de la corrupciòn, ignorando que èsta es en gran medida, como expresò recientemente Miguel Cocco, responsable de la pobreza y marginalidad de tantos.
Baste revisar los estudios de opinión que se han hecho en los últimos años sobre diversos aspectos de la problemàtica nacional y podrà comprobarse que el tema de la corrupciòn no ocupa el lugar de importancia que debiera, entre las mayores preocupaciones mostradas por los encuestados.
Obviamente, esta falta de percepción de su significación por una gran parte de la población no puede ni debe ser un elemento disuasivo para continuar levantando la bandera anticorrupción, reclamar medidas enérgicas de prevención y mucho màs drásticas de sanción sin importar quien caiga, como se llame, a què litoral social pertenezca, cuàles sean los niveles de influencia económica, social o política de que pueda disponer o que llegue a apelar.
Imprescindible insistimos, no bajar la guardia en este sentido. Seguir levantando el estandarte de la lucha contra la corrupciòn. Sin descanso y sin desmayo y sin dejarse abatir por el desaliento frente a los escasos resultados alcanzados hasta ahora.
Que no siempre tendrà que ser asì. Dìa llegarà, a no dudarlo, en que los valores en nuestra sociedad recobren su justo lugar. Y en que quienes incurran en actos dolosos de la naturaleza que sea, tengan que pagar el precio de sus delitos.
2007-08-21 19:03:23
