EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
Ayer la Càmara de Diputados aprobò en segunda lectura el proyecto de ley que destinarìa un bono o sueldo catorce a favor de los empleados pùblicos de todo nivel salarial y categoria como aporte especial para la adquisicìòn de ùtiles escolares para sus respectivos hijos en edad docente.
Ante la aprobaciòn de este proyecto que deberà pasar ahora al Senado de la Repùblica, creemos vàlido repetir nuestros planteamientos de dìas atràs, cuando se conociò su contenido y aprobò en primera lectura. Dijimos entonces lo siguiente:
A primera vista pudiera lucir simpàtico, atractivo y hasta animado del màs profundo sentido altruìsta el proyecto de ley aprobado ayer, ahora en segunda lectura, por la Càmara de Diputados, estableciendo lo que seria el sueldo catorce a favor de los servidores del Estado, tanto en el Gobierno Central como en las instituciones descentralizadas.
El proyecto en cuestiòn consigna una escala para dicho salario proporcional al sueldo bàsico de cada empleado o funcionario del servicio pùblico. Asì el cien porciento, o sea un salario completo para quienes ganan hasta 6 salarios mìnimos; la mitad, esto es el 50 por ciento hasta veinte, y un 25 porciento de ahì en lo adelante sin lìmite.
Descartado poner en duda la buena intenciòn que anima al proponente y a quienes le otorgaron su voto favorable, lo cierto es que la propuesta adolece de aspectos cuestionables y distorsionantes.
Primeramente hay que recordar que la Secretarìa de Educaciòn distribuyò este año quince millones de textos escolares, mascotas, làpices y otros materiales gratuitamente, proveyendo inclusive de mochilas a estudiantes de escasos recursos. Ademàs, se congelaron los libros de texto por cuatro años reduciendo de manera significativa la carga que representaba adquirirlos con cada nuevo curso escolar. Si esto es asì, ¿de què ùtiles escolares estarìamos hablando?
¿Se conoce la cantidad de servidores pùblicos que tienen hijos en la escuela, y por consiguiente, merecerìan ser beneficiados con el bono o salario 14?
En caso afirmativo, ¿què clase y cantidad de ùtiles, dependiendo de la cantidad de hijos y su nivel escolar, tendrìan que adquirir en adiciòn a los materiales que entrega la Secretarìa de Educaciòn y cuàl serìa su costo?
¿Què garantìa existe de que ese sueldo catorce o bono, como quiera llamàrsele, serà destinado al fin docente propuesto y no desviado hacia otros diferentes? ¿Què control existirìa sobre la correcta aplicaciòn de dichos fondos?
De no tener hijos o no estar en edad escolar, ¿se entregarìa ese sobresueldo al empleado sin ninguna razòn que lo valide??
¿Què justificaciòn tiene que a un funcionario que gane 50 mil, 75 mil o 100 mil pesos mensuales haya que entregarle un bono por la mitad de esa suma para la compra de materiales escolares, y menos aùn a funcionarios que ganen por encima de esa cifra?
¿Alguien se imagina a un funcionario que gane 200 o 300 mil pesos y màs (los hay de sobra), recibiendo un bono para comprarle ùtiles escolares a sus hijos?
¿Què egreso representarìa esta propuesta para el Estado, es decir, los contribuyentes, si en definitiva se convirtiese en ley y llegara a ejecutarse? ¿No es obligatorio que cada vez que se propone un proyecto de ley que represente un egreso de fondos pùblicos, se identifique la fuente que habrà de financiarlo? ¿Cuàl serìa la fuente en este caso? ¿Acaso un nuevo impuesto, un aumento de los existentes o el sacrificio de otra partida presupuestaria?
Otro aspecto a considerar es que la empleomanìa pùblica con todo y estar abultada, resulta inferior al nùmero de trabajadores del sector privado y de quienes sobreviven modestamente laborando por cuenta propia. ¿No serìan èstos tambièn, tan necesitados como aquellos, merecedores de recibir ayuda oficial para proveer a sus hijos de ùtiles escolares?
Lo cierto es que el paìs no puede seguir propiciando y costeando soluciones a problemas colectivos privilegiando grupos o sectores, lo cual està expresamente prohibido por la Constituciòn.
La educaciòn es un deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos, no de un segmento de la poblaciòn. Y las polìticas que se establezcan para cumplir dicha obligaciòn y satisfacer ese derecho tienen que ser de carácter global e institucional.
Dentro de esto contexto, lo que procede es destinar mayores fondos para la educaciòn pùblica.
Proveer a la Secretarìa del ramo de recursos suficientes para construir todas las aulas necesarias, reparar y acondicionar las existentes que lo requieran, dotar el sistema de todos los medios indispensables para una docencia de calidad, mejorar el salario y la capacitaciòn de los maestros de tal modo que el sistema pueda proveer una educaciòn formativa en vez de simplemente informativa, basada en conocimientos ùtiles al tiempo que en valores cìvicos.
En cuanto a los empleados pùblicos si se les quiere mejorar sus condiciones de vida, lo cual es propòsito siempre plausible, la forma aceptable es aumentàndoles sus salarios de manera proporcional a los mismos, lo que se ha informado està incluìdo en el pròximo proyecto de ley de Ingresos y Gastos Pùblicos que en su momento el Congreso deberà conocer, discutir y aprobar asì como promoverlos en base a sus mèritos y no a palancas polìticas.
Por lo demàs este proyecto luce que tiene mucho sabor a populismo irresponsable y demagogia barata con perdòn de sus proponentes.
2007-12-13 14:37:42
