EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
La historia se repite de año en año.
Las Secretarìas de Estado y demàs dependencias pùblicas envìan al Poder Ejecutivo sus reclamos presupuestarios. Las cifras son siempre superiores al ejercicio precedente. El equipo o gabinete econòmico del gobierno con sus tècnicos asesores prepara entonces el Proyecto de Ingresos y Ley de Gastos Pùblicos con una serie de reajustes que provocan la reacciòn de queja de aquellas que ven recortadas de manera significativa sus aspiraciones, es enviado a las Càmaras Legislativas para su aprobaciòn y discusiòn.
En el Congreso por su parte, siempre tambièn sacando una tajada mayor para sì mismo de la que aparece consignada en el proyecto como si fuera el peaje obligado para facilitar su aprobaciòn, se cabildean y hacen algunos que otros cambios para mejorar a determinadas instituciones y organismos, los cuales son en definitiva aceptados por el Ejecutivo. Al final tenemos un presupuesto consensuado, con algunos remiendos que es lo menos parecido a un instrumento de verdadero desarrollo para el paìs.
En esta ocasiòn, sin embargo, la situaciòn se presenta con una variable. Esto asì, porque el Secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, advierte que la pieza tuvo que ser ajustada con el Fondo Monetario Internacional y que cualquier cambio que se introduzca en la misma a nivel congresional, echarìa por tierra el acuerdo.
Como era de esperar, mucho màs en pleno proceso electoral, de inmediato han surgido voces desde la oposiciòn rechazando la afirmaciòn del funcionario. Hay quienes reprochan a èste y por extensiòn al gobierno, tratar de desconocer el derecho soberano del Congreso como poder independiente, para introducir modificaciones a la pieza del Ejecutivo. Otros llegan inclusive a cuestionar que el mismo haya sido discutido con los representantes y tècnicos del Fondo, y que cualquier cambio que se introduzca por vìa legislativa traiga como consecuencia el rompimiento del acuerdo con ese organismo.
Hasta dònde pueda ser cierto que el Fondo exija como requisito innegociable que el proyecto de presupuesto sea aprobado por el Congreso tal como ha sido enviado, es algo que en ùltima instancia sòlo podrìa ser esclarecido por el propio organismo, a travès de su representante aquì.
Cierto sin dudas que si no en su totalidad, el Fondo como organismo fiscalizador debe haber tenido alguna intervenciòn en la elaboraciòn del proyecto. Ya desde antes el propio Secretario de Hacienda habìa admitido diferencias con el organismo que retrasaron el envìo del proyecto al Congreso.
Las mismas versaban sobre el monto de los subsidios que, en esta oportunidad, paradòjicamente el Fondo, que con anterioridad presionaba para bajar el monto de los mismos, esta vez con un criterio màs realista, lo hizo en sentido contrario para elevar el que sustenta el sector elèctrico y el del gas licuado de petròleo en unos ocho mil millones de pesos sobre el monto que aparecìa en el borrador presentado por el gobierno.
Ahora bien, mientras gobierno y oposiciòn pulsean polìticamente en torno al caso, el semanario Clave destaca el hecho que màs debiera preocuparnos a todos. Segùn la generalmente bien informada publicaciòn, el 53 porciento del presupuesto se destinarà al pago de la deuda pùblica y a financiar los diferentes subsidios y demàs poderes del Estado. En buen Español: que tan solo el 47 porciento quedarà disponible para atender todas las restantes necesidades, desde el pago de la abultada nòmina pùblica hasta los vitales requerimientos de salud, educaciòn y programas sociales, entre otros.
Tan sòlo el pago del servicio de la deuda absorberà la impresionante cifra de 71 mil millones de pesos, equivalentes a casi un 24 porciento del monto total presupuestado. Casi un 30 porciento màs se llevaràn los demàs poderes estatales y los ayuntamientos. En el caso de los ùltimos, la presiòn serà menor gracias a que la dirigencia de su Federaciòn, encabezada por Fausto Ruiz, adoptò una actitud comprensiva al reunirse con el Presidente y aceptar una asignaciòn inferior a la que establece la ley.
La conclusiòn a que se llega es muy simple: las disponibilidades del Estado en base a los ingresos esperados resulta muy inferior a los reclamos presupuestarios de los diferentes organismos que lo componen. El propio Secretario de Hacienda acaba de declarar que para atender los mismos hubiese sido necesario duplicar el monto del proyecto enviado a las Càmaras, esto es,llevarlo a seiscientos mil millones de pesos.
Y la otra conclusiòn es que la composiciòn del presupuesto impide considerarlo como un instrumento de desarrollo econòmico y social del paìs, comenzando por la educaciòn y la salud pùblica que siguen recibiendo asignaciones muy inferiores a las recomendadas y requeridas.
Màs claro: los cuartos no alcanzan y habrà que estirarlos, algo harto difìcil en un medio que no se caracteriza precisamente por la austeridad y el sentido del ahorro, sino todo lo contrario, razòn de màs para extender el acuerdo con el Fondo màs allà del 31 de Enero.
2007-12-21 17:52:50
