EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
Cuando los regidores de San Cristòbal tomaron la escandalosa y vergonzosa decisiòn de aumentarse las dietas y demàs beneficios que reciben a màs de ciento sesenta mil pesos mensuales, advertimos que aparte de lo repudiable del hecho, se iba a producir una especie de efecto demostraciòn que llevarìa a otros ediles en diferentes cabildos del paìs a adoptar resoluciones similares.
Boca santa.
No pasaron muchos dìas sin que los integrantes del Consistorio Municipal en la benemèrita ciudad de Santiago de los Caballeros, pusieran el grito en el cielo para quejarse de sus irrisorios emolumentos y en un acto de cristiana justicia por aquello de que la caridad entra por casa, tomaran a su vez la determinaciòn de incrementarse sus ingresos hasta 114 mil pesos.
Claro, a diferencia de San Cristòbal donde la denuncia partiò del propio Sìndico, los de Santiago fueron mucho màs cuidadosos y avivatos. Para convoyar su aumento, haciendo derroche de gran generosidad y fina astucia decidieron elevar el sueldo del Sìndico de 65 mil a 160 mil pesos, quizàs entendiendo que con esa decisiòn lograrìan que avalase la resoluciòn.
Pero el tiro parece que se les fue por la culata.
A diferencia de lo que ocurriò en San Cristòbal, donde los regidores de los 3 partidos tradicionales dieron una extraña demostraciòn de unidad de criterio para votar a favor del aumento de sus ingresos, en Santiago el pacto entre los ediles perredeìstas que presentaron la propuesta y los peledeìstas que la secundaron, en claro desafìo a las directrices de sus respectivos partidos, hicieron que los reformistas se refugiaran en una prudente abstenciòn.
Lo que es peor: el sìndico Josè Enrique Sued no cayò en la trampa que le tendieron y se apresurò a rechazar de manera categòrica el aumento de sueldos que le concedieron los ediles. De paso lo hizo con el incremento acordado por èstos en su propio beneficio.
Con muy buen criterio y para que no quedasen rezagos de duda, el innegablemente popular sìndico de Santiago terminò por enfriar el entusiasmo y la voracidad de los regidores afirmando que cualquier aumento resulta imposible de satisfacer ya que supondrìa afectar los servicios que està obligado a prestar el ayuntamiento. Sin dudas una posiciòn sabia y ètica que acrece la imagen del mayor santiaguense, asì como consideraciòn de que goza entre los habitantes de la laboriosa capital del Cibao.
Ya de antes, otro popular y respetado sìndico, el vegano Fausto Ruiz, quien preside la Federaciòn Dominicana de Municipios, frente a la decisiòn de los regidores sancristobalenses se apresurò a declarar que la misma es totalmente ilegal. Lamentò por otra parte, que tanto sìndicos como ediles en no pocos ayuntamientos del paìs, se apresuren a incrementarse sus salarios y beneficios desde que se comienzan a recibir los fondos provenientes de la ley que otorga a los mismos un porcentaje del presupuesto nacional, que este año pudieran superar la cifra de los 15 mil millones de pesos.
No es la primera vez que Ruiz hace este tipo de señalamiento. Con anterioridad, en màs de una oportunidad, ha deplorado esta acentuada vocaciòn a asaltar el presupuesto municipal que muestran alcaldes y concejales en muchos ayuntamientos, sin distingos de banderìas polìticas.
Precisamente la ley que otorga los fondos a los municipios, establece con toda precisiòn los porcentajes en que los mismos deben ser distribuidos. Asì, asigna una proporciòn a los gastos corrientes, incluyendo la nòmina; otra, a la prestaciòn de los servicios municipales y una ùltima para la adquisiciòn de bienes y realizaciòn de obras que sirvan para enriquecer el patrimonio local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No hay que significar que dicha legislaciòn es incumplida por muchos.
En dìas recientes, el Presidente de la Càmara de Cuentas, Andrès Terrero, declarò en un programa de televisiòn matutino que en todas las auditorìas efectuadas por ese organismo se han detectado irregulares. Esto incluye màs de cuarenta ayuntamientos. Terrero no especificò si las irregularidades son de orden contable, deficiente gestiòn administrativa o acciones francamente dolosas.
Es de esperar que esas auditorìas arrojen luz sobre la forma en que se estàn manejando los fondos municipales en los ayuntamientos verificados, y que se proceda a realizar ese mismo trabajo en el resto. Porque tan importante como denunciar cualquier posible acto de corrupciòn cometido en el àmbito nacional, es hacerlo tambièn en los escenarios locales, incluyendo el posible incumplimiento de las normas dispuestas en la ley para fijar la distribuciòn de sus fondos.
Que violarla, sobre todo en beneficio de los funcionarios que deben manejar esos recursos con la mayor escrupulosidad y cuidado para beneficio de sus respectivas comunidades, es un acto de corrupciòn tan censurable y digno de sanciòn penal como cualquier otro.
2008-01-18 16:13:02
