EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
El gobierno anunciò anoche que en la primera quincena del próximo mes de Febrero, que ya tenemos encima, comenzarà a funcionar el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. La responsabilidad de dicho organismo, que estarà integrado por once miembros, consistirà en poner en vigencia un completo sistema de supervisión y asignación de recursos para ese tipo de instituciones.
Hasta ahora, según expresa el Subsecretario de Planificación, Guarocuya Fèlix, quien suministra la informaciòn, estas entidades màs conocidas por sus siglas de ONGs, han venido recibiendo recursos del Estado por cientos de millones de pesos cada año sin ningún tipo de verificación de sus actividades. Su ùnico compromiso ha sido el de entregar un estado de ejecución contable de los fondos que se les proporcionan. En lo adelante, tendrán que especificar además el impacto de dichos recursos en la prestación de sus servicios. Màs claro: què destino dan a los mismos y què resultados concretos y positivos en términos de bien social, se obtienen a cambio.
Sin dudas es un paso de avance en la hasta ahora deficiente función fiscalizadora del Estado como dispensador de esos medios económicos que salen de los bolsillos de los contribuyentes, quienes tienen derecho pleno a conocer el destino que se dà a los mismos asì como a las restantes erogaciones que realiza el gobierno de turno, como un ejercicio de indispensable transparencia.
Si opera como debe, esto posibilitarà el lograr que cada ONG, al ser sometida a auditoria, tenga que demostrar de manera concluyente el destino que dan a los fondos que reciben al tiempo que cuenta de la labor especìfica de bien social que desarrolla cada una.
Cierto que hay asociaciones sin fines de lucro que, como hemos señalado en otras oportunidades, no requieren de fiscalización por màs que se someten a ella en cumplimiento de la ley. Esto asi, porque su labor està a la vista y conocimiento de todos y rebasa con mucho el monto de los recursos que les entrega el Estado y que por lo general, es una parte ínfima de sus presupuestos, que deben completar apelando al sector privado tanto como a entidades internacionales de ayuda humanitaria.
Vale la pena recordar algunos nombres emblemáticos: Rehabilitación, Corazones Unidos, Fundación Dominicana de Cardiología, Instituto de Cirugía y Enfermedades de la Piel Huberto Bogaert, Patronato de la Diabetes, Liga contra la Ceguera, Escuela Nacional de Sordomudos, Liga Dominicana y Patronato Cibaeño contra el Càncer, Centro de Integración Familiar, Hogar Crea y Casa Abiera, Aldeas SOS y tantas otras en las que estàn reflejadas todas aquellas que llevan a cabo un trabajo meritorio de bien social.
Sobre otras en cambio, flota la permanente sospecha de que puedan estar distrayendo fondos hacia otros fines diferentes a aquellos para los que supuestamente deban estarlos dedicando.
Muchas veces tienen nombres sonoros y en ocasiones hasta ridículos, y nadie conoce a derechas a què se dedican ni ha oìdo hablar de su existencia y menos de su labor.
Ahora bien,la sola disposición que comentamos, sin embargo deja sin resolver el conflicto originado en torno a las ONGs que pertenecen o son patrocinadas por legisladores, tanto de la Càmara Alta como la Baja, situación que se haya en entredicho y que llegò a provocar inclusive un tenso enfrentamiento entre los Presidentes de ambos cuerpos, pertenecientes a la misma orilla partidaria.
Cuando se integrò el actual Congreso, una de sus primeras medidas que generò gran reconocimiento y apoyo ciudadano, fue sacar del presupuesto todas aquellas ONGs en las que aparecieran involucrados miembros de las càmaras legislativas. Se entendió que era un gran paso de avance al propósito de evitar su politizaciòn a favor de intereses personales de los congresistas patrocinadores de las mismas, de los fondos del Estado. A fin de cuentas, dicha pràctica podìa interpretarse como una forma solapada de corrupciòn o de empleo inadecuado de recursos públicos para fines particulares.
A poco, sin embargo, surgiò el invento de los llamados “barrilitos”, una fòrmula un tanto creativa de dar vida a una forma encubierta de ONG, con la diferencia a su favor de que en este caso cada congresista recibe una tajada del presupuesto en relación al nùmero de habitantes de su respectiva provincia, y además con la facultad de disponer de manera personal del destino de dichos fondos.
Se suponìa que con el barrilito y otros beneficios adicionales que suman muchos millones de pesos se calmarìan las apetencias exageradas de fondos de algunos congresistas, pero al parecer no ha sido asì. Y ahora luce haber algunos congresistas que han hecho revivir el patrocinio de las ONGs que suman a todos los demàs beneficios que perciben.
El Presidente de la Càmara anunciò a bombos y platillos que se estaba preparando un proyecto de ley que transferirìa los recursos otorgados en el presupuesto a las ONGs. que sean patrocinadas por congresistas, a un fondo especial que redistribuiria dichos ingresos entre organizaciones que realizan una labor reconocida. Nos parece una buena solución coyuntural a la que es preciso darle calor para ponerla en pràctica cuanto antes. Pero es preciso eliminar esa pràctica definitivamente, y no incluir en futuros presupuestos a organizaciones que vengan de la mano de ningún legislador o que no puedan demostrar de manera fehaciente que realizan una necesaria y ùtil labor social.
Por lo demàs, saludemos la pronta vigencia de la supervisión a las ONGs., con la esperanza y confianza de que el organismo a cargo realizarà su trabajo a conciencia, y a travès del mismo se elimine toda posibilidad de que fondos públicos entregados a ese tipo de instituciones para fines específicos de bien social, puedan dedicarse a otros carentes de toda noble motivación. Porque esto en definitiva, puede ser clasificado sin mucho esfuerzo de un acto de corrupciòn como cualquier otro.
2008-01-31 15:50:33
