EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
Las sendas informaciones que publica en su ediciòn de este dìa el “Diario Libre” tanto en su nota editorial que se publica bajo el tìtulo de “Nuestra Opiniòn” como en el reportaje que firma Socorro Arias, constituyen una rotunda negaciòn de la labor de comprobaciòn de gastos de los diferentes organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que deben ser auditadas por el Estado.
De acuerdo a los datos que se divulgan en ambos trabajos, tenemos que en el primer caso hay no pocas instituciones que no remitieron sus correspondientes informes o lo hicieron de manera incompleta. Entre figuran tambièn los organismos del poder municipal. En este sentido, de un total de 153 ayuntamientos y 211 juntas de Distrito, solo 217 presentaron el reporte sobre el manejo de los recursos que reciben del presupuesto. La Càmara de Cuentas ni verificò estos gastos ni urgiò a cumplir con el requisito a aquellas 147 que no lo hicieron.
En lo tocante a lo segundo, es decir a las organizaciones no gubernamentales màs conocidas por sus siglas de ONGs, de un total de 3 mil 649 que recibieron fondos estatales solo 273 remitieron sus informes de gastos a la Càmara de Cuentas. Del resto nada se sabe, y obviamente mucho menos del destino que dieron a esos recursos salidos de los bolsillos de los contribuyentes.
Se justifica pues, la solicitud de rechazo de estos informes llevados por vìa el organismo fiscalizador a la Càmara de Diputados, en base al informe desfavorable presentado por la Comisiòn permanente de la Càmara de Cuentas del cuerpo congresional, señalando que, copiamos “la distribuciòn del presupuesto de los ayuntamientos registrò porcentajes que no se corresponden con lo establecido en la Ley 166-03 que dispone la entrega de un 10 porciento del Presupuestso a estos organismos”.
Esa legislaciòn establece de maner expresa la forma en que los cabildos deben hacer uso de dichos fondos, a fin de garantizar en justa proporciòn la prestaciòn de los servicios municipales asì como la realizaciòn de obras que contribuyan al progreso comunitario. Lamentablemente, la disposiciòn es hasta ahora un simple enunciado que en la mayorìa de los casos no guarda correspondencia con la realidad, ya que gran parte de los medios que reciben muchos ayuntamientos son dedicados a aumentar el sueldo de los sìndicos, las dietas de los regidores y la nòmina de empleos para satisfacer compromisos de clientelismo polìtico.
Pero no vamos a cargar todo el peso de la culpa sobre las autoridades municipales. Igual ocurre en otros niveles de la Administraciòn, donde las cuentas que se presentan a la Càmara no lucen todo lo nìtidas que debieran, mostrando en no pocos casos muestras evidentes de irregularidades de diversa naturaleza.
Hay otras fisuras tambièn penosas y no selladas en el cumplimiento de disposiciones legales que buscan darle transparencia al uso de los recursos pùblicos, y reducir las oportunidades de enriquecimiento ilìcito en el caso de quienes desempeñan algùn tipo de funciòn pùblica.
En este sentido, vale insistir una vez màs en la reiterada inobservancia de las disposiciones legales que disponen la obligada declaraciòn de bienes al principio y fin de su gestiòn de funcionarios de la administraciòn central, legisladores, sìndicos, regidores, magistrados y jueces. Suma una gran cantidad la de quienes han hecho tabla rasa de dicho mandato legal, ignorando olìmpicamente el mismo.
En adiciòn, hay otros muchos casos, segùn revelaciones hechas hace algùn tiempo por el director del Departamento de Prevenciòn de la Corrupciòn Pùblica, doctor Octavio Lìster, que han falseado groseramente sus declaraciones, incurriendo asì en el grave delito de perjurio, fuertemente castigado en otras latitudes, pero arropado aquì de total impunidad si usted tiene niveles de influencia propia, afectiva o simplemente comprada.
La conclusiòn es tan sencilla como categòrica: o comenzamos a aplicar la ley con el debido rigor a todos por igual, o podemos olvidarnos de alcanzar el grado de transparencia que debiera estar asociado a toda gestiòn que involucre manejo de recursos del Estado, es franca burla de cuantos contribuyen a su sostenimiento con sus aportes fiscales.
2008-04-03 14:30:28
