Opiniones

EL TIRO RÁPIDO

EL TIRO RÁPIDO



De



Mario Rivadulla



Martes 05/08/2008



Tres informaciones procedentes de los Estados Unidos, aparecidas en la última edición de semanario Primicias, que dirige nuestro colega Alex Jiménez.

La primera de ellas da cuenta de que una ex Jueza de origen hispano, Wanda Molina y una ex Administradora de la Corte Municipal de la ciudad de Jersey City, Virginia Pagán, enfrentan  una posible condena de 10 años de cárcel por corrupción judicial. Ambas fueron acusadas por un Gran Jurado y están instruidas del cargo de conducta deshonesta. Su delito: hacer arreglos con multas de tránsito, falsificando documentos oficiales.

La segunda; Sharpe James, ex Alcalde de la  ciudad de Newark, estado de New Jersey, acaba de ser sentenciado a 2 años y 3 meses de cárcel, después de haberlo hallado culpable de actos de corrupción durante su gestión. Entre los cargos figuró el otorgamiento de un contrato de tierras a una amante. Sharpe de 72 años, quien había sido electo  Senador estatal, deberá pagar también una multa de 100 mil dólares.

Finalmente, Neil Cohen, un veterano Asambleísta Demócrata Liberal del de Union City, New Jersey, se vio obligado a renunciar a su curul al ser acusado de tener  pornografía infantil en sus ordenadores. Su dimisión se produjo aún sin habérsele instrumentado causa por las autoridades estatales y federales.

Si mencionamos estos casos es como simple referente de la diferencia que existe entre una sociedad donde funcionan las instituciones y el brazo de la ley alcanza a todos por igual, y aquellas otras en que por lo general, no ocurre así, como es nuestro caso.

Tal como hemos señalado en otras oportunidades, corrupción y criminalidad existen desde los más remotos tiempos que registra la historia, persisten y continuarán existiendo en el futuro, en todo tiempo y en todos los rincones de la tierra. Lo que marca la distancia es la línea que separa el cumplimiento de la ley y la aplicación de la justicia por un lado y la violación de las normas y la impunidad de que disfrutan los transgresores por la otra. Es lo que en las evaluaciones que hace cada año la organización Transparencia Internacional para medir el grado de corrupción existente en los distintos países, nos sitúa en un escalón muy bajo.



Por ejemplo  el caso antes citado del legislador Neil Cohen fue develado por dos de sus colegas. Aquí, en cambio, un diputado fue sorprendido in fraganti pasando ilegales extranjeros de contrabando por la frontera con Haití y su responsabilidad se vio arropada a lo largo de varias Legislaturas por el propio cuerpo cameral al que pertenecía, negado a privarle de su inmunidad parlamentaria, convertida en impunidad, para que pudiera ser juzgado por su delito, lo que ocurrió al cabo de muchas peripecias. Irónicamente, después de cumplir con parte de su sanción, resultó el diputado más votado por su provincia.

En la oficina anticorrupción que conocemos con el nombre de DEPRECO, figuran más de 200 expedientes por presuntas acciones dolosas. Apenas un ínfimo porcentaje ha podido ser llevado a los tribunales y las sanciones aplicadas pueden contarse con los dedos de una mano y con sentencias muy leves.

A estas alturas, a pocos días de finalizar el mandato del presidente Leonel Fernández y dar paso a su nueva gestión de gobierno, es todavía numerosa la cantidad de funcionarios de todos los niveles, congresistas, síndicos y tesoreros municipales que no han cumplido con el elemental requisito de hacer su declaración de bienes. No obstante que la ley y un posterior decreto del Poder Ejecutivo fijan sanciones para el incumplimiento de esta disposición legal, que pueden ir de simple amonestación hasta retención del sueldo y aún la misma destitución del cargo, está por ver un solo caso en que se haya aplicado alguna de dichas penalidades.

Mientras la impunidad arrope desde los funcionarios públicos dolosos hasta quienes pudiendo pagar, se roban la energía eléctrica; de quienes contrabandean hasta los que falsifican y comercializan medicamentos; de los que depredan bosques y ríos hasta quienes abultan el costo de obras, bienes y servicios al Estado,  la corrupción no será la excepción sino la norma prevaleciente en nuestra sociedad, responsable en gran parte de la pobreza y el atraso que venimos arrastrando.

2008-08-06 14:46:41