EL TIRO RÁPIDO
de
Mario Rivadulla
Obviamente molesto por las imputaciones que se le han venido haciendo al Poder Judicial al que según expresó se le atribuyen todas las calamidades y males que corroen la sociedad dominicana, desde la violencia hasta el narcotráfico, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, propuso ayer investigar el origen de las fortunas que exhiben tanto funcionarios públicos como servidores judiciales y del tren administrativo. De acuerdo al alto Magistrado, algunos de quienes cuestionan a la justicia lo hacen para tender una especie de cortina de humo que les permita eludir su propia responsabilidad en las lacras que denuncian, al tiempo de afirmar que no es posible que se siga haciendo ostentación pecaminosa de fortunas mal habidas, cuyo origen debe ser investigado.
Al doctor Subero Isa no le falta razón. Ciertamente, aquí hay quienes de la noche a la mañana pasan a convertirse en verdaderos potentados que exhiben su bonanza, misteriosamente adquirida, sin ningún tipo de recato, amparados en la impunidad en que lamentablemente se arropa la corrupción en nuestro país.
Pero no es solo de funcionarios venales que han pasado por los distintos gobiernos e ido al poder no para servir al país, sino para servirse. Tampoco de políticos que han hecho de la que Juan Pablo Duarte llamó la más noble profesión después de la filosofía, un ejercicio degradante de oportunismo y rapacidad. De igual modo, de jueces que han manchado la dignidad de sus investiduras aceptando sobornos a cambio de sentencias viciadas. Lamentablemente la corrupción, el dolo, el afán de lucro violando todas las normas legales y morales, ha ido corroyendo todo el tejido social y penetrando e involucrando todos los sectores de la vida nacional.
Las pruebas están a la vista. Hace algunos años tuvimos la visita del entonces Comisionado para las Drogas de las Naciones Unidas. Quizás por delicadeza no mencionó el nombre, pero nos dejó un retrato hablado de la realidad que pudo percibir en nuestro medio, al advertir que cuando se apreciaban tantos signos ostensibles de riqueza que estaban muy por encima de la capacidad económica de un país, era evidente la presencia de recursos ilícitos. En específico, se refería a la gran cantidad de torres y otras construcciones comerciales, que en la última década han cambiado totalmente la fisonomía de la urbe capitaleña así como la proliferación de casinos, bancas de apuestas y dealers de carros, entre otros, considerados como mecanismos ideales para el lavado de dineros sucios. Tenía razón, aunque sus palabras no tuvieron eco en esos momentos.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias con ese derroche de ostentación y prosperidad de dudoso origen, a que menciona Subero Isa. El caso de los hermanos Benítez que vinieron aquí a lavar e invertir gran parte de los 110 millones de dólares que estafaron al Medicare en los Estados Unidos, es un buen ejemplo. Pero… ¿cuántos otros casos de extranjeros y nativos hay en estos momentos que no han sido aireados, que sin embargo, se encuentran tan a la vista de todos que no es posible ignorarlos? ¿Cuántas de esas monumentales torres que hoy llenan la geografía urbana, no tienen origen pecaminoso? ¿Cuántos negocios no son financiados con dinero manchado, ya sea del narcotráfico como de cualquier otra actividad ilícita?
Se ha dicho que el combate a la corrupción es una tarea difícil, debido a que generalmente quienes incurren en estas prácticas dolosas se esfuerzan por no dejar pistas que puedan comprometerlos. No es del todo cierto. ¿Qué mejor pista que hacer ostentación escandalosa de una prosperidad cuyo origen no se puede justificar? En nuestra legislación prima el principio de la presunción de inocencia. Corresponde a las autoridades probar la culpa. Pero también se ha planteado la aplicación de la inversión del fardo de la prueba, en especial para los funcionarios públicos. Nos parece válido y justificado, pero también que esa misma aplicación se lleve fuera del ámbito exclusivo de la administración pública para hacerlo extensivo a todos aquellos casos, repetimos, en que haya legítima sospecha de fortunas mal habidas de la que puede ser indicio primario cuando el sujeto bajo sospecha gasta mucho más que sus ingresos declarados y reconocidos. Así cayó Al Capone y así pudieran caer no pocos por acá que no tienen modo de justificar su dispendioso estilo de vida.
Quizás haya quienes cuestionen este punto de vista alegando razones legales. Pero ojalá cuantos lo hagan aporten al menos un mecanismo de sustitución más válido que permita el combate efectivo contra la corrupción. Porque es evidente que ésta cada día gana más cuerpo en nuestra sociedad, que es responsable de gran parte de los males que nos aquejan y de la pobreza en que están sumidos tantos dominicanos y que no es posible permitir que acciones dolosas continúen amparadas en la más vergonzosa impunidad.
2008-08-15 00:45:26
