EL TIRO RÁPIDO
De
Mario Rivadulla
Pudiera pensarse que dentro del cúmulo de problemas de toda naturaleza que confronta el país, la pretensión de extender el período de los actuales legisladores y autoridades municipales hasta el año 2012, tomando como pretexto la posible modificación de la Constitución para unificar las elecciones generales y las de medio tiempo a fin de evitarle traumas a la población y gastos innecesarios al país, está fuera de contexto en el tiempo y resulta tema de menor importancia. En realidad debiera ser así.
Lamentablemente, en el marco clientelista y de escaso nivel ético en que se desarrolla el ejercicio político en nuestro medio, el oportunismo es un elemento siempre presente y asoma sus garras ante cualquier posible coyuntura para tratar de sacar ventajas de carácter personal. Tanto los beneficios directos e indirectos de que disfruta el cargo congresional, como el aprovechamiento que hacen algunos de esa condición para servir intereses oscuros, practicar el tráfico de influencias y gozar de privilegios constituyen un bocado tentadoramente apetecible como para apelar a cualquier método con tal extender su disfrute por un par de años adicionales sin someterse al veredicto de las urnas.
Fue categórico el Presidente de la Junta Central Electoral, preguntado sobre esa posibilidad, rechazando que al período de los actuales legisladores, síndicos y regidores puedan agregárseles ese par de años.
Tal como expresó el doctor Julio César Castaños Guzmán, un intento de esa naturaleza estaría totalmente viciado de ilegalidad, sería una violación flagrante a la Constitución y una burla a la voluntad del electorado que eligió a esas autoridades por un término específico e inalterable. Es también el parecer de calificados juristas que han opinado sobre el tema en ocasiones pasadas en que ha surgido a la palestra, motivado por grupos de congresistas de distinta filiación partidaria, por lo general de baja monta y de escaso o nulo rendimiento legislativo, que se han concertado para tratar de impulsar tan infortunado propósito.
Tales intentos, es conveniente recordarlo, no son de ahora. Se remontan al período de Hipólito Mejía en que se había venido planteando la unificación de las elecciones, generando amagos en esa misma dirección. Por suerte, cada uno de esos intentos recibió un inmediato y generalizado repudio por parte de la sociedad civil y de la dirección de los propios partidos políticos. En esta oportunidad, se monta el mismo escenario por suerte con un guión similar. Tanto de organizaciones ciudadanas como de los voceros de las distintas fuerzas partidarias en el propio Congreso, se alzan vigorosas expresiones de rechazo frente a cualquier intento de alargar el período.
Cierto que la posible unificación de las elecciones en el 2012 plantea la necesidad de buscarle una salida a la elección de los aspirantes a cargos congresionales y municipales en las señaladas para el 2010.
Pero en modo alguno, la solución que se propicie puede ser violatoria de la Constitución y desconocedora de la voluntad del electorado, que escogió a los actuales incumbentes únicamente por un término de cuatro años.
Al respecto, se han estado barajando dos posibles salidas. Una, la de escoger esas autoridades en el 2010 por un período acortado de dos años, para volver a someterlas al voto popular en elecciones unificadas en el 2012. Tal se hizo en Cuba cuando al elaborar la Constitución de 1940 se dispuso en forma transitoria la elección de Representantes a la Cámara, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, cuya renovación debía producirse en 1942, por un término de solo dos años. La principal objeción a esta opción parte del argumento de que dos años resultan insuficientes para compensar los elevados gastos que conlleva una campaña electoral. La otra propuesta consiste en elegir congresistas y munícipes en el 2008 por un período de seis años por una sola vez, para entonces unificar las elecciones generales y de medio tiempo en el 2016. Pero cualquiera de ambas alternativas requeriría de una modificación de la Carta Magna y la correspondiente disposición transitoria. Tal es lo único que les otorgaría legalidad.
Pero lo que si resulta de todo punto inmoral, ilegal e inaceptable es la reiterada y solapada intención de extender el actual período, lo que resultaría inconstitucional, violador del sistema electoral y una burla a los electores que escogieron esas autoridades por el término específico e inexorable de cuatro años.
De esperar por tanto, que cualquier intentona en esta dirección siga resultando prontamente abortada como por suerte lo ha sido hasta ahora, lo cual requiere mantenerse en estado de permanente vigilia.
2008-08-21 16:17:02
