EL TIRO RÁPIDO
De
Mario Rivadulla
Lunes 1,09,08
La cosa parece como de broma. De hecho, no son pocos de los involucrados que parecen tomarlo a relajo.
Por nueva vez, y ya se pierde la cuenta, aunque quizás sean tantas como huelgas hospitalarias se ha anotado el flamante presidente de la Asociación Médica Dominicana en los pocos meses que lleva al frente del gremio profesional, el doctor Octavio Líster, a cargo del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que casi todos, incluyendo los reporteros que cubren el sector, insisten en seguir llamando DEPRECO, dirige una exhortación a los funcionarios públicos que han sido ratificados y designados en sus respectivos cargos para que hagan la correspondiente declaración de bienes que dispone la ley, al comienzo y al final de su gestión.
Para hacerlo está establecido un plazo de treinta días. Pero sucede que, al igual que ha sido práctica reiterativa en gobiernos anteriores, a no pocos funcionarios no les bastaron los cuatro años de la pasada administración para cumplir con ese obligatorio trámite. En esa situación, al pasado 16 de Agosto, se encontraban todavía cientos de funcionarios de todos niveles, desde algunos Subsecretarios de Estado hasta síndicos, regidores y tesoreros municipales, contando también no pocos diputados. Excepción, tenemos entendido que fue el Senado, cuyo Presidente se preocupó y ocupó de que sus integrantes cumplieran con el requisito.
No sólo la ley es imperativa al respecto. Como complemento, el Poder Ejecutivo a mediados de su recién terminada anterior gestión, emitió un decreto dando un plazo fatal de treinta días para cumplir dicho mandato por vía digital. La pieza incluía tres tipos de sanciones a ser aplicadas progresivamente en la misma medida en que los funcionarios se mostrasen renuentes a satisfacer dicho requerimiento. Las penalidades consisten respectivamente en amonestación pública en primer término; en segundo lugar, retención del sueldo; y, finalmente, destitución.
La declaración de bienes se considera un paso importante, aunque no único ni invulnerable, para limitar las posibilidades de enriquecimiento ilícito de quienes desempeñan funciones públicas, mediante la simple comparación de sus activos al comienzo y al término de sus respectivas períodos. Tal como señalamos anteriormente, durante el pasado gobierno del Presidente Fernández, muchos hicieron tabla rasa de ese mandato legal. Más aún: el propio doctor Líster reveló que entre los que presentaron sus declaraciones hubo no pocos que falsearon los datos. Tomando en cuenta que se trata de declaraciones juradas, incurrieron en grave delito de perjurio. Que se sepa nunca se aplicaron las sanciones de la ley y el decreto, ni mucho menos se sometió a la Justicia a los que tramposearon sus declaraciones.
De ahí que en base a esas experiencias, el llamamiento del director del DEPRECO sea casi tomado a broma, comenzando por los propios a quienes va dirigido y hacen caso omiso a su deber, sin importarles que esa negativa o al menos indiferencia a declarar sus bienes los haga reos legítimos y justificados de todo género de suspicacias. No es de extrañar por cuanto algunas de nuestros políticos parecen no guardar el menor respeto por la opinión pública, ni hacer el menor esfuerzo por conservar ante ella un mínimo de prestigio.
Como hemos señalado en otras ocasiones, la corrupción existe en todos los núcleos humanos, en todo tiempo y lugar tal como nos muestra a todo lo largo la historia desde las épocas más remotas. La diferencia radica en la impunidad y la sanción. El dolo florece, se extiende y contamina todo el tejido social en aquellos países en que no recibe castigo, en que los privilegiados por nombre, origen, fortuna, amiguismo o influencia ven sus crímenes arropados por la impunidad, en que la soga quiebra solo siempre por lo más delgado y el imperio de la ley queda reservado para los grupos menos favorecidos. En cambio, la corrupción pierde espacio en aquellas otras sociedades que se muestran firmes al sancionar el delito, sin importar quien caiga; donde la Diosa Justicia, con la clásica venda en los ojos, ignora el rostro del responsable de hechos punibles al momento de dictar su fallo.
Mientras tal no ocurra aquí, la lucha contra la corrupción no pasará de ser un simple enunciado. Una palabra usada y abusada para ser exhibida como promesa eternamente incumplida, salvo de manera excepcional y en casos contados para los que pudieran sobrar los dedos de las manos. Dentro de ese contexto, reiteramos, el llamado del director del DEPRECO al cumplimiento de la ley cuya violación sus autores saben de sobra que no comporta ningún castigo, puede ser tomado como un ejercicio inútil y casi en plano de chiste.
2008-09-02 18:00:50
