EL TIRO RAPIDO
de
Mario Rivadulla
Tres Síndicos del Gran Santo Domingo, Roberto Salcedo, Juan de los Santos y Jesús Féliz conjuntamente con el Jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Julio César Ventura Bayonet recorrieron las márgenes de los ríos Ozama e Isabela, a fin de comprobar de manera directa y por propios ojos las condiciones de gran precariedad y alto riesgo en que miles de familias viven a ambos lados de esas vías fluviales.
Lo que registró la retina de los tres alcaldes y el alto militar no pudo ser más deprimente al comprobar las condiciones miserables de vida de este amplio núcleo poblacional y las endebles y hacinadas casuchas que cobijan su promiscua pobreza. La impresión recogida por el grupo fue resumida por el mayor de la capital, quien la calificó de “tragedia”. Posiblemente se quedó corto y en verdad el espectáculo que pudieron apreciar podía merecer apelar a algunas expresiones más estremecedoras.
Lo cierto es que la impresión que se llevaron corrobora cuantos reportajes se han venido publicando en los distintos medios de comunicación sobre el tema, y la necesidad urgentísima de reubicar a los moradores en lugares que ofrezcan mayor seguridad y les permitan disfrutar de una existencia más llevadera. Y, sobre todo, llevarlo a cabo con el mayor apremio antes de que nuevas inclemencias de una Naturaleza irritada puedan provocar una tragedia evitable.
Hay que señalar que el caso de los moradores de las márgenes del Ozama y el Isabela, que además contribuye a la constante contaminación de ambos ríos, no es único. Tanto en la provincia de Santo Domingo como en el resto del país, hay otros grupos humanos que no sólo también militan entre los segmentos más pobres de la población sino que al igual que aquellos, han levantado sus humildes y endebles moradas en sitios también altamente riesgosos, que constituyen un constante peligro para su seguridad aún en condiciones climáticas normales.
Esta situación, como hemos señalado en otras ocasiones, es una responsabilidad compartida por quienes haciendo caso omiso de las advertencias sobre los riegos que entrañan los sitios inapropiados que han escogido para levantar sus vulnerables hogares, sino también de las autoridades que a lo largo del tiempo se han mostrado indiferentes y permisivas en este sentido.
Ahora tenemos por delante el reto de solucionar un problema que afecta a muchas personas, que exige una buena cantidad de recursos y en no poca medida, agotar fatigosos mecanismos de persuasión para convencerlos de la conveniencia de ser reubicados a lo que son muchos los que oponen resistencia. Hay también en no escasa medida, los llamados “damnificados profesionales” que han hecho un modo de vida residir en estos sitios para luego presionar se les entreguen viviendas por parte del gobierno que posteriormente alquilan o venden, para volver de nuevo al mismo lugar que abandonaron o a otro sitio de similares condiciones, a la espera de seguirse beneficiando con la entrega de nuevos apartamentos. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, inclusive en este mismo escenario de las márgenes del Ozama e Isabela.
Estas experiencias deben ser aprovechadas al momento de llevar a la práctica nuevos desalojos y reubicaciones. Hay que eliminar el llamado padrefamilismo y la cultura del dao. Hay que comprometer, empoderar a los grupos humanos que deban ser reubicados a fin de que aporten una contrapartida al menos de mano de obra, participando en las labores de construcción de las nuevas viviendas que vayan a ocupar y asumiendo la obligación de conservarlas en buen estado. Para viabilizarlo, las Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias asì como los curas barriales y ministros religiosos pueden ser mecanismos idóneos.
Bien que se ayude a los más necesitados, a los que menos tienen sobre todo quienes viven en condiciones tan angustiosas que son expresiòn de grave desigualdad social que debe motivar a vergüenza y acción remediadora. Pero sin olvidar que esa ayuda se hace con fondos públicos, gran parte de los cuales salen no de bolsillos pudientes que poseen cuartos de sobra, sino también de una laboriosa y esforzada clase media y de cientos de miles de empleados y trabajadores, de grandes empresas pero también de pequeños y medianos negocios que contribuyen al sostén del Estado.
De ahí, que los que sean favorecidos con la entrega de viviendas levantadas con fondos públicos asuman el compromiso de poner también de su parte, de tal modo que valoren lo que están recibiendo no como dádiva sino como aporte social compromisario que requiere de su propia cuota de sudor y de esfuerzo. Porque ellos también tienen que contribuir a saldar la deuda social de la que son acreedores.
2008-09-19 15:23:32
