EL TIRO RAPIDO
De
Mario Rivadulla
El tema va por enèsima vez en los medios de comunicación y tambièn en TELEDEBATE y EL TIRO RAPIDO. Es el desprecio olìmpico de una gran cantidad de funcionarios pùblicos de los cuatro poderes del Estado para cumplir con el tràmite legal y por consiguiente, obligatorio de hacer su declaraciòn de bienes al comienzo y al final de su gestión. Para ello, la ley prevè un plazo de treinta dìas a partir de que el funcionario es designado o electo en el cargo. Esta ley data de 1979 y durante todos estos años y a lo largo de los distintos gobiernos que se han sucedido, ha sido pertinazmente violada sin ningún tipo de penalidad ni consecuencia.
Ahora mismo, el Fiscal de Prevenciòn de la Corrupción en el Sector Pùblico acaba de revelar que a estas alturas, pese a que ya se venciò el plazo de ley para cumplir el referido tràmite, cerca de dos mil quinientos funcionarios no han dicho esta boca es mìa. Màs aùn: finalizado ya el anterior perìodo, hay todavía funcionarios que nunca hicieron la declaraciòn. Otros, inclusive, segùn admitiò el fiscal Octavio Lìster, tiempo atràs, llegaron al punto de presentar un listado falso de sus bienes. Dado que la declaraciòn se hace bajo juramento, incurrieron por consiguiente en el delito de perjurio. En muchos otros paìses el perjurio està fuertemente penalizado. En los Estados Unidos, le costò el cargo a un Presidente y estuvo a punto de costarle a otro. Aquì, por lo visto, no tiene mayor significación.
La legislación prevè que a todo funcionario que no cumpla con el tràmite señalado en el plazo establecido de treinta dìas, se le retendrà su sueldo automáticamente. Tampoco esta sanciòn se ha cumplido. El concepto del “padrefamilismo”, manto bajo el cual tantos se cobijan a fin de vivir y comportarse del modo màs medalaganario desconociendo todas las normas legales, tambièn opera en este nivel, donde cabìa esperar y demandar que se diese ejemplo de todo lo contrario: el cumplimiento màs respetuoso de la ley.
A mediados de la pasada gestión del Presidente Fernàndez, dictò un decreto reclamando de los funcionarios actualizar sus declaraciones o hacerlas en los casos en que no hubiesen cumplido con dicha exigencia. Para ello se creò un espacio en Internet para que pudieran realizarlo con toda comodidad. El plazo del decreto era el mismo de la ley: treinta dìas. Pero a diferencia de la misma, establecìa tres tipos de sanciones aplicadas en forma progresiva. La primera, consistìa en la amonestación pùblica; la segunda, retenciòn del salario; y la ùltima, destituciòn. Ni que decir que ni siquiera la de la amonestación fue aplicada, pese a que muchos funcionarios a todos los niveles, desde subsecretarios a regidores y tesoreros municipales, hicieron tabla rasa de la pieza presidencial.
Cierto que como hemos sostenido en otras ocasiones, la declaraciòn de bienes tiene un valor muy relativo como herramienta efectiva para combatir y prevenir la corrupción en el sector pùblico. Es frecuente y relativamente fácil presentar declaraciones falsas por falta de mecanismos de comprobación. Sobre todo, porque como hemos señalado antes, hacerlo, por màs que sea bajo juramento, no conlleva en la pràctica ninguna sanciòn. De hecho, se ha planteado en diversas oportunidades, inclusive por el propio Presidente de la Repùblica, y lo hemos acogido y apoyado en esta tribuna, la aplicación de “la inversiòn del fardo de la prueba”, en contraprosiciòn al principio de la “presunciòn de inocencia” que consagra nuestro Còdigo Penal.
En este ùltimo caso, no importa el crimen que se haya cometido ni los antecedentes delictivos del presunto autor, èste es considerado inocente en tanto el fiscal no pruebe su culpabilidad en forma incuestionable y en base a las mismas, sea sentenciado. En cambio, en el caso de los funcionarios pùblicos, èstos tendrìan que demostrar el origen de sus ingresos y explicar la diferencia si se comprueba que su estilo de vida no se corresponde con el sueldo que percibe.
Es evidente que todavía estamos muy distantes de poder reclamar ese nivel de transparencia. Pero hay que seguir insistiendo en el tema, una y otra vez. Porque la corrupción es uno de nuestros grandes males, responsable en gran medida de la pobreza de muchos y la insultante riqueza mal habida de otros y cuanto hagamos por prevenirla, combatirla y erradicarla serà poco.
Pero mientras eso llega, por lo menos hay que velar y exigir porque se haga la declaraciòn de bienes. Porque con total independencia de su valor preventivo y probatorio, es ley. Y las leyes se hacen para respetarlas, sobre todo por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por su cumplimiento.
2008-10-21 15:41:18
