Doctor Isaías Ramos
El pueblo por años viene sufriendo una inseguridad ciudadana que en la actualidad mantiene a la sociedad en jaque. Hemos visto cómo se acrecientan las desapariciones de personas sin respuestas por parte de las autoridades y como los crímenes quedan impune sin que existan pistas de los verdaderos responsables. Vemos como las clases más desprotegidas sufren a diario a causa de la delincuencia común –muchas veces por la falta de autoridades que cuiden de ellos en sus comunidades— mientras algunos políticos, funcionarios y personajes privilegiados del sistema cuentan con verdaderos cuarteles personalizados para su seguridad personal.
La falta de educación, concientización ciudadana, disciplina, coherencia gubernamental, régimen de consecuencias, oportunidades de trabajo y bajos sueldos a los cuerpos castrenses son la combinación perfecta para que la delincuencia se adueñe de las calles. Esto ha causado que la población general se limite a vivir en sus hogares encerrados, coartando su libertad, como lo establece nuestra constitución.
Las clases trabajadoras más necesitadas son las principales víctimas de la delincuencia debido a la desprotección en que el estado las mantiene con políticas públicas ineficientes, creadoras del caos muchas veces con el fin de justificar la “privatización” de la seguridad, intenciones que esta partidocracia no disimula con la creación de un fideicomiso para la transformación de la Policía Nacional.
Es penoso ver como utilizan a la Policía Nacional para coartar o asfixiar las expresiones e inquietudes sociales o de grupos que muchas veces difieren y disienten de las ideas y propósitos del gobierno. El sistema político actual no duda en demostrar su intolerancia a la disensión. Intentar callar las preocupaciones genuinas que expresan los ciudadanos de este pueblo, donde sus esperanzas y sueños se los devuelven en un envase de pesadillas y sufrimientos.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en una verdadera pesadilla para el hombre y la mujer trabajadora del país. La única manera de combatir este mal es solucionando los problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan. Bien pueden comenzar con una campaña de concientización ciudadana, educación, formación humana y capacitación con objetivos claros que sean útiles a la dignificación humana y al desarrollo y progreso de la nación. Con paga justa y preparación adecuada, concomitante con una depuración de los cuerpos castrenses, con organismo o instituciones internacionales que brinde supervisión y auditoria a la institución.
Desvincular a los jóvenes involucrados en el mundo del tráfico y consumo de drogas será una tarea de toda la sociedad que junto a las autoridades deberán diseñar un plan de acción para desmantelar esa cultura y estructura que representa un cáncer para toda la sociedad y un verdadero calvario para sus víctimas.
Crear políticas públicas firmes que contrarresten el tráfico y consumo de estupefacientes darán como resultados la disminución de las actividades delictivas y criminales las cuales tienen sometida a la población viviendo bajo un régimen de terror, intimidación y violencia.
El estado dominicano debe ser garante de la protección de todos los habitantes de nuestro territorio, sin privilegios, ni discriminación, así como lo indica nuestra constitución, siempre acorde al respeto de los derechos humanos.
Nuestra realidad es que los pobres siempre son los más afectados, pues se ha establecido un sistema donde abundan los privilegios para unos pocos y escasean los derechos para las grandes mayorías.
Solo bajo una política de estado para la seguridad coherente y persistente y con el apoyo de la población, la libertad ordenada se hará una realidad y como consecuencia traerá la paz, prosperidad, el desarrollo y el bienestar para todos sus ciudadanos.
Enviado por Roger Jose Figueroarogerjoseandujar@gmail.com
