Doctor Isaías Ramos
Durante décadas el estado dominicano ha sido víctima de una clase gobernante que promueve una política económica y social muy irresponsable e injusta. Esta clase gobernante gasta su energía y tiempo prometiendo cambios a favor del pueblo, sin ninguna intención de cumplirlos. Esta clase política ha demostrado que le ha perdido el respeto al pueblo dominicano. Vemos como cada día aumenta el robo y saqueo sin rubor y sin pena; venden los fracasos como verdaderos éxitos y maquillan los robos y saqueos a través de la manipulación, engaño y complicidad para que la sociedad no lo perciba y ni siquiera lo razone o lo piense.
Es preocupante ver cómo los distintos actores de esta partidocracia se unen para continuar aumentando el endeudamiento público. En los 609 días que lleva este gobierno, la deuda ha aumentado más de US$14,500 millones de dólares – equivalente a más de RD$1,300 millones de pesos diarios. Solamente 25% de esta deuda corresponde a gastos extraordinarios por la pandemia, demostrando irresponsabilidad en el manejo del gasto público y perpetuando la pobreza y miseria de nuestro pueblo. Y por si esto fuera poco, es muy angustiante ver cómo actúan concertadamente con el fin de desmembrar nuestro territorio para sustraer nuestros recursos y riquezas. De manera sutil, van traspasando a las elites financieras nuestro patrimonio a través de contratos lesivos al país, mientras le dan al pueblo pan y circo.
Mientras tanto, ellos van posponiendo las medidas más importantes y urgentes que requerimos como son la seguridad alimentaria, la salud y educación.
Solo a través de una política económica inclusiva que le permita a los pobres ser agentes de su crecimiento a través de su propia producción combatiremos la miseria cultivada por los últimos gobiernos. Esto requiere de políticos que estén dispuestos a darle vuelta a la tortilla y erradiquen de una vez y por todas esta política económica y social excluyente, que den pasos concretos, primero para llevar salud y educación a toda la población y luego promuevan conciencia moral y cultural de los que debe ser y significa un salario mínimo en una sociedad que se precie de ser justa y equitativa.
Perpetuar la pobreza es una violación a los derechos básicos además de una fuente de ineptitud económica. Los programas sociales son importantes cuando se realizan de manera responsable y profesional, pero lo más importante es la igualdad de oportunidades en producción, empleos, salud, educación, capacitación y acceso a viviendas dignas. Los sectores de salud y educación deben recibir toda la atención del estado para así ofrecer servicios de calidad que garanticen al pobre condiciones dignas y un entorno más favorable y sobre todo capacitándoles para salir por sí mismos de la marginalidad. La educación en formación cívica es la base fundamental para crear un ciudadano productivo en lo político, económico y social. Esto le permite convertirse en agente de la productividad y adaptabilidad ante los retos que tenemos por delante como nación. El desarrollo humano y el crecimiento económico van de la mano cuando las inversiones en la salud y educación garantizan un ciudadano educado y saludable. Los gastos públicos se justifican cuando se buscan estos objetivos. Sin esta base, no podemos garantizar la igualdad de oportunidades para que esta se convierta en progreso y desarrollo para todos los dominicanos y podamos construir un gran país.
Roger Jose Figueroarogerjoseandujar@gmail.com
