Mario Rivadulla
Lunes 13,07,09
En un comunicado que despliega hoy la prensa nacional a página completa, la Junta Central Electoral concede un voto de reconocimiento a la gestión de su Presidente, el licenciado Julio César Castaños Guzmán, ofrece explicaciones sobre el manejo de los fondos que recibe del Presupuesto Nacional afirmando que todos los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios están ajustados a las disposiciones de ley que rigen los mismos y da por cerrado el debate en torno al tema abierto por las denuncias y reclamos públicos de la magistrada Aura Celeste Fernández. Esta, por su parte, en el curso de una rueda de prensa que convocó al efecto, reiteró su posición y mantuvo vivos los cuestionamientos que ha hecho sobre el tema en los medios de comunicación y que involucran en particular a la Cámara Administrativa del organismo electoral.
No es la primera ocasión que diferencias de diversa naturaleza, a veces muy acentuadas, entre los jueces que integran la Junta Central Electoral afloran a la opinión pública. Pero nunca antes como ahora habían alcanzado el nivel de preocupante confrontación a que llegaron en las últimas dos semanas. Una situación que, quiérase que no, afecta la imagen pública de la misma y le resta el alto grado de apreciación ciudadana de que ha venido disfrutando gracias al excelente montaje de las pasadas elecciones presidenciales y las demás tareas a que adicionalmente se ha abocado, como es la de dotar de actas de nacimiento tardías a más de ciento cuarenta mil de los más de medio millón de dominicanos que por no haber sido inscritos, carecen de la condición de ciudadanos y de personalidad jurídica así como del reordenamiento y saneamiento de las oficialías civiles.
El país está a solo diez meses y tres días de las próximas elecciones congresuales y municipales. Su montaje es un reto todavia más exigente que el de los comicios presidenciales. En estos apenas concurren tres, cuatro o cinco candidatos. Pero en los de medio tiempo, son mucho más de tres mil mil cargos de senadores, diputados, síndicos, regidores, vices y suplentes los que habrá que cubrir y una cantidad varias veces de mayor de aspirantes a los mismos por las diversas agrupaciones que entrarán en competencia, con el factor agravante de que los escogidos en las urnas se desempeñarán por seis años en vez de cuatro, lo que hará todavía más reñida la lucha por alcanzar las posiciones en juego. Esto se traducirá en un trabajo mucho más árduo y completo para la Junta.
Descartado que para afrontar éxitosamente este reto, la Junta tendrá que ponerse las pilas y los magistrados que la integran focalizar toda su atención en el montaje electoral del 16 de Mayo del 2010. Nada debe distraerlos del propósito fundamental de gerenciar un torneo que resulte tan bien organizado y transparente como el pasado. Lógico que en el seno de un organismo colegiado surjan diferencias. Pero tienen que tratar de ser resueltas en su seno en un marco de sana y orientadora discusión que tienda a enriquecer las resoluciones que se adopten y en modo alguno, proyectar al país la sensación de discordia y división.
A nuestro juicio todos los magistrados que componen la Junta son gente honorable, profesionales de probada capacidad y con un elevado empeño en servir al país. De ahí, que esperamos que con la resolución adoptada por la Junta se cierre el debate aún cuando, a lo interno, se realicen todas las auditorías y comprobaciones que sean de ley y lugar para dejar bien establecido el manejo adecuado y transparente de los fondos, para lo cual existen organismos y mecanismos que sin alharacas realicen ese trabajo con la necesaria confiabilidad.
De esa forma, la Junta podrá focalizar su acción en esas elecciones que se nos vienen encima y que por la obvia incidencia que tendrán en las generales del 2012, cuando estará en juego la Presidencia de la República, de seguro serán disputadas con uñas y dientes.
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2009-07-14 13:57:49
