Por: Enrique Alberto Ramírez
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Desde el gobierno del Presidente doctor Joaquín Balaguer, los Ayuntamientos del país, incluyendo el del Distrito Nacional, han sido objeto de mutilaciones en cuanto a sus funciones, justificadas muchas veces por las aspiraciones presidenciales a destiempo de algunos de sus incumbentes, lo que ha chocado de frente con los propósitos reeleccionistas de los mandatarios dominicanos.
Hubo ocasiones en que resultó difícil dirigir un Cabildo, contrario a la corriente política del gobierno, ya que los síndicos debían trillar un camino con especial cuidado. Ese fue el desastre de la Sindicatura del PRD encabezada por el doctor Báez Acosta. El desastre continuó con la destitución de Manolín Jiménez Rodríguez. El doctor Rafael Suberví Bonilla fue el único sobreviviente a esa situación.
Cuando el PRD logra alzarse con el gobierno y la sindicatura del Distrito Nacional, en el año 1978, también le quitó el transporte de pasajeros, creando la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE); y así, sucesivamente, se le quito el arreglo de calles, la autoridad de tránsito y la basura, que en una ocasión se intentó ponerla en manos de empresas privadas bajo la supervisión directa del gobierno y en ocasiones de militares.
El anti municipalismo de muchos de nuestros partidos y líderes políticos logró seguir imponiendo leyes que cercenan las finanzas de los Ayuntamientos del país, protegen los impuestos que van directo al gobierno, pero que impiden que el municipio cobre arbitrios locales a las empresas que pagan arbitrios nacionales, evitando la doble tributación.
Así los Ayuntamientos se han ido quedando sin dinero, sin funciones y casi sin nada.
Igualmente, el pueblo se ha quedado enclavado en la ignorancia, porque no sabe a quienes debe reclamarle las obras municipales, si al gobierno central o a sus sindicaturas locales.
Si se supervisan debidamente las finanzas municipales y se vela porque los dineros del pueblo sean bien utilizados en esas pequeñas obras, el gobierno se quitaría muchas presiones, pues muchos síndicos, ni tontos ni perezosos, se aprovechan de la política y de la ignorancia del pueblo sobre sus funciones y permiten que la impopularidad de su inercia se le sume al gobierno central. A veces dan apoyo a movimientos huelgarios y protestas por otras que a ellos mismos les corresponde ejecutar.
En ese sentido entiendo que el gobierno debería otorgarle el 10 por ciento del presupuesto que solicitan los Ayuntamientos y crear mecanismos serios de supervisión del uso de esos fondos, para evitar que se vayan en politiquerías y que ciertamente se utilicen en obras para el beneficio de los munícipes.
Pequeñas obras que irán en beneficio de las clases más humildes del país y que de seguro contribuirán también al desarrollo de nuevos y futuros liderazgos.
2009-07-15 14:16:58
