Mario Rivadulla
Jueves 16, 07, 09
Con la puesta en retiro del general de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras Rodríguez, por disposición presidencial, quedaría zanjado el conflicto que lo enfrentó al jefe del cuerpo de orden público, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín. No es escasa la cantidad de quienes dentro y fuera de la institución, lamentan con su salida del servicio activo la pérdida de un alto oficial de excelentes condiciones intelectuales y de méritos cosechados en el ejercicio de las diferentes responsabilidades que le tocó desempeñar. De por medio, sin embargo, contaba un aspecto que dentro de los cuerpos uniformados, tanto de la institución policial como de las Fuerzas Armadas, resulta muy sensible, como son la subordinación a la autoridad jerárquica y la especial disciplina que rige el comportamiento de sus miembros.
El tema trasciende sin embargo, este caso específico, dando lugar a diferentes opiniones de medios de prensa y comunicadores sobre el posible derecho constitucional que asistiría a miembros de los cuerpos aforados en su condición de ciudadanos para expresar libremente sus opiniones. Ayer salió publicado un editorial en el matutino El Día y hoy un artículo en el Diario Libre, bajo la firma de Rosina de la Cruz sosteniendo la prevalencia del derecho ciudadano a la libre emisión del pensamiento sobre la sujeción del aforado a la disciplina del cuerpo al que pertenece. Por sus posibles implicaciones, creemos obligado referirse a este aspecto esencial que pudiera abrir puertas a un amplio debate, desde un ángulo legal y constitucional, ahora que se está discutiendo lo que en realidad es una nueva Carta Magna más que una simple reforma a la vigente.
Cierto que la Constitución reconoce el derecho ciudadano a la libre expresión. Pero la propia Carta Fundamental establece limitaciones expresas y claras de ese derecho en el caso de las Fuerzas Armadas, lo que por extensión pudiera aplicarse al cuerpo policial, al señalar en su artículo 93 que las mismas serán no deliberantes. Hasta donde tenemos conocimiento, esta misma limitación la establecen las Constituciones de otros países en lo que se considera un elemento esencial para fortalecer y preservar la majestad del poder civil por sobre los institutos armados y reducir e ilegitimizar la posibilidad de que éstos puedan convertirse en elementos beligerantes en el quehacer público y terminar por atentar contra la institucionalidad. Esta limitación no responde a ningún capricho ni a un acto discriminatorio, sino que es fruto de la experiencia acumulada a lo largo del tiempo y de las ocasiones en que cuerpos armados se han rebelado contra los poderes legalmente establecidos y usurpado las funciones públicas, de lo cual contamos con sobrados ejemplos en América Latina, víctima de tantas asonadas militares.
Ingenuo en el mejor de los casos pensar que un uniformado pueda hacer uso de la libre expresión en la misma medida que lo hace un ciudadano común y corriente. De permitirse, lo que reiteramos está expresamente prohibido por la misma Constitución que garantiza ese derecho, ¿qué impediría que mañana desde un general hasta un raso pudieran manifestar públicamente sus preferencias por un candidato presidencial y exhortar a la ciudadanía a otorgarle su voto? ¿O que pudiera criticar en los medios de comunicación desde sus propios mandos superiores hasta cualquier funcionario incluyendo al Presidente de la República, que es por derecho el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? ¿O que tomara partido y opinión deliberante sobre cualquier tema al igual que pueda hacerlo un simple civil? De permitirlo además, ¿no habría que darle automáticamente derecho al voto?
Las limitaciones disciplinarias y jerárquicas a que está sometido todo aforado y las que le impiden ejercer los derechos de libre expresión e intervención en el quehacer público que corresponden constitucionalmente a los civiles, están más allá de toda duda, legalmente establecidas también constitucionalmente y reguladas a través de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.
No hacerlo así sería un peligroso retroceso que convertiría a militares y policías en factores deliberantes y actuantes, con todos los gravísimos riesgos que ello supondría para garantizar la institucionalidad democrática y la majestad y soberanía de los poderes civiles emanados de la voluntad ciudadana. De ello hay más que sobrados ejemplos en la historia, madre de todo el conocimiento y la sabiduría acumulada por los humanos.
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2009-07-17 13:48:06
