Mario Rivadulla
Septiembre 8, 2009
De mucho antes se sabe que en la mayoría de los ayuntamientos del país se hace un uso irregular, cuando no francamente doloso, de los recursos que reciben cada año del Presupuesto Nacional. No obstante que la ley que sirve de marco legal al otorgamiento de los mismos establece de manera expresa los porcentajes en que deben ser distribuídos entre gastos corrientes, prestación de servicios e inversión en obras locales, los cabildos los manejan a capricho y conveniencia personal y política de síndicos y regidores en una complicidad que no reconoce de fronteras partidarias.
Ayer mismo comentamos los categóricos señalamientos hechos por la Presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, sobre las dificultades que enfrenta ese organismo para realizar las auditorías en la mayoría de los ayuntamientos y juntas municipales del país, que este año están recibiendo dieciséis mil millones de pesos. Los obstáculos son tanto de inexistentes o deficientes procedimientos contables como de negativa de las autoridades a entregar la documentación requerida para verificar el destino que dan a los fondos que administran.
Pocas horas después de ese Tiro Rápido, el matutino Hoy presentaba como titular dominante de su portada en su edición de este día, la noticia de que el importante Ayuntamiento de Santiago dispone de una ?nómina especial?, también llamada ?nominilla?. En la misma aparecen cobrando personas que no figuran en la nómina regular de ese cabildo y que constituyen pagos realizados al margen de todo tipo de control. La situación fue puesta al descubierto en el curso de una auditoria llevada a cabo por la Cámara d eCuentas que abarcó desde enero del 2006 a junio del 2008. En ese año y medio, a través de esa nominilla se expidieron cheques por un monto superior a 51 millones de pesos. La explicación dada a esta cuantiosa irregularidad por el Síndico José Enrique Sued, figura política de tradicional respaldo electoral en Santiago, es que respondió a una imposición de los ediles con los cuales se hizo el clásico acuerdo de aposento.
Pero a tan infortunada excusa por un hecho a todas luces ilegal y posiblemente punible, se agregan otras indelicadezas por calificarlas de la manera más amable, cuando la propia auditoría saca a flote partidas adicionales. Veamos: pagos en exceso a contratistas de diferentes obras por más de 4 millones 600 mil pesos; 841 mil 542 para la adquisición de palcos en el Estadio Cibao; alegadas donaciones por 2 millones 420 mil 775 de las cuales no aparecen identificados el ochenta por ciento de los presuntos beneficiarios; pagos por 2 millones 228 mil 987 a una empresa que suple los alimentos e implementos para las actividades del Cabildo que es de propiedad de familiares cercanos del Síndico.
Estas son algunas de las anomalías detectadas por los auditores en tan solo año y medio, una situación que de seguro ha continuado desde junio del 2008 en que fue terminado el trabajo contable, posiblemente hasta en mayor medida. De suponer que la descubierta ?nominilla? esté contaminada de nepotismo y sirviendo para retribuir el activismo político de las autoridades municipales. Y de igual forma, es de imaginar que si esta situación está ocurriendo en el Ayuntamiento de la Ciudad Corazón, la muy progresista capital del Cibao, cuánto desorden, dilapidación y desvío de recursos y prácticas irregulares y dolosas pueden estarse produciendo en una gran cantidad de cabildos en todo el país, en los cuales sus munícipes sufren la carencia de servicios y obras que bien pudieran ser cubiertos con sus propios fondos, si éstos fuesen dedicados a mejorar la existencia comunitaria en vez de ser utilizados para alimentar la fauna clientelista y satisfacer el codicioso afán de quienes van a los cargos públicos no a servir sino a servirse y enriquecerse a costa del erario público.
2009-09-09 15:57:59
