Mario Rivadulla
Viernes 25,09,09
En una de sus recientes transmisiones televisivas, el doctor Marino Vincho Castillo, quien funge como Asesor Presidencial en materia de Drogas y ahora también como cabeza de la Comisión Gubernamental de Etica, propuso la creación de tribunales especiales para conocer los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
El planteamiento nos parece de todo punto válido. Más aún, así como hay agentes de la Dirección Nacional de Drogas que por razones de seguridad preservan su identidad tras una capucha, consideramos que también pudiera y debiera considerarse proceder de igual modo con los magistrados a cargo de dichos tribunales que tengan la misión de conocer y juzgar los casos sometidos a su decisión. La idea no es ni exagerada ni truculenta, si tomamos en cuenta la gran agresividad que de manera creciente han ido manifestando muchos de los elementos vinculados al narcotráfico.
En tiempos recientes, han sido frecuentes las ocasiones que en el curso de operativos desplegados para desmantelar puntos de ventas de drogas y otros enclaves vinculados a esta actividad criminal, los agentes de la autoridad han sido recibidos a tiros. No hace tanto, en la zona de Barahona, fue bajo las balas que ocuparon un importante alijo de drogas traída por una avioneta, que como en casos anteriores, fue incendiada.
Pero sin ir más lejos y dentro del mismo ámbito del Poder Judicial, la pasada semana en el curso de una vista para conocer el siniestro expediente del crimen múltiple cometido en Paya y que costó la vida a siete presuntos narcotraficantes, mientras un octavo, convertido ahora en testigo de cargo, logró salvar la vida, haciéndose pasar por muerto, se produjo un incidente que demuestra hasta qué punto son de peligrosos, prepotentes y desafiantes quienes se dedican a esta actividad criminal.
Alli, el juez suplente a quien se confió el caso así como los siete fiscales que actúa en el mismo fueron amenazados públicamente de muerte por varios de los imputados en esa causa. La situación creada obligó al reenvío de la vista pero ha hecho que el Procurador General de la República, en un acto de legítima protección a los amenazados, solicite a la Suprema Corte el cambio de jurisdicción de la causa hacia una sala en el Distrito Nacional que reúna las condiciones para que el juicio pueda efectuarse con todos los requisitos y garantías de seguridad, incluyendo la incautación de armas a personas que asistan al mismo. No se hizo en San Cristóbal, cuando se conoció la última petición de libertad condicional de Rolando Florián Féliz, poco antes de que lo mataran en la prisión. En esa oportunidad, el recluso no fue llevado al tribunal, pero en la vista estuvieron presentes sendos alegados espalderos del mismo portando armas y profiriendo amenazas de muerte contra los periodistas que cubrían el evento.
El riesgo para jueces y fiscales es evidente. Como pudieran concretarse en un momento determinado estas amenazas pasando al plano de las agresiones, inclusive contra agentes antinarcóticos y policiales, miembros de las fuerzas armadas, legisladores, funcionarios, periodistas o cuantos entiendan puedan ser un obstáculo para sus planes. Por razones lógicas, los primeros, magistrados y fiscalizadores, son los más expuestos. Protegerlos, preservar su identidad y por consiguiente su integridad, sería una medida saludable que les permitiría superar como seres humanos que son, todo tipo de aprensiones y temores para poder aplicar justicia con todo el rigor que merezca la gravedad de los crímenes que sean sometidos a su conocimiento y fallo. Apostemos por ello.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?.
2009-09-28 15:05:59
