Mario Rivadulla
Jueves 15,10,09
La pasada semana cerró de un modo trágico y traumático en el sector del transporte público. Luego de que un chofer perdiera la vida a causa de un machetazo que le propinó otro en el curso de una discusión surgida cuando se disputaban pasajeros en la vía pública, tuvo lugar un fuerte y desagradable incidente en San Cristóbal por otra disputa, esta vez entre dos sindicatos choferiles, por el control operativo de una ruta.
Por nueva vez, la Federación La Nueva Opción, más conocida como Fenatrano, que dirige el empresario Juan Hubieres, se vió envuelta en este conflicto que dejó como saldo unas cuarenta personas lesionadas y una veintena de ómnibus dañados. Y por nueva vez también, la citada federación apeló al consabido e ilegal aunque increíblemente tolerado e impune, expediente de los llamados paros sorpresas. En esta ocasión, cientos, quizás miles de usuarios se vieron impedidos de llegar a sus respectivos destinos por esta improvisada paralización del servicio, víctimas inocentes de un conflicto del cual no eran ni son responsables.
Pero si desagradables fueron los hechos señalados aunque no sorprendentes por la frecuencia con que ocurren, sí en cambio resultó de asombro la información ofrecida a comienzos de semana por el embajador dominicano en Brasil, Angel Lockward, de que estaría ejerciendo sus buenos oficios para facilitar la compra de nada más y nada menos que diez mil vehiculos que serían adquiridos en el país carioca por varios sindicatos y federaciones de transporte público de manera directa. Es decir, utilizando sus respectivos avales con la banca comercial sin que alegadamente tuviera participación el Estado. Esto último, naturalmente, sería una verdad a medias ya que el propio diplomático reveló que la importación se realizaría en base a un impuesto único, lo que si bien no representaría desembolso para las arcas públicas si constituiría un sacrificio fiscal, y por tanto, equivalente a una especie de subsidio.
Una operación de esta naturaleza tendría que ser bien transparentada. De entrada, en base a los antecedentes de incumplimiento, origina seria dudas el que sindicatos choferiles dispongan de suficiente crédito en la banca nacional para una adquisición de esa envergadura sin el aval del Estado. En segundo término, los organismos oficiales que tienen que ver con el transporte público se han desligado de esta negociación confesando ignorar los detalles de la misma. Y por otra parte, una de las organizaciones más conocidas y de las que hace más ruido en el sector, como es la Central Nacional de Transportistas Unificados que dirige Ramón Pérez Figuereo, hace constar en una misiva depositada en el Palacio Nacional su oposición a esta compra masiva bajo la advertencia de que pudiera convertirse en un segundo Plan Renove, aunque el monto de mucha mayor envergadura.
¿Conoce el Presidente Leonel Fernández de esta negociación? ¿Está al tanto de su alcance y detalles? ¿Cuál sería la participación del Estado? ¿A cuánto montaría la operación y el alegado sacrificio fiscal mediante la concesión del llamado impuesto único? ¿Qué otras posibles responsabilidades estaría asumiendo el gobierno? ¿Cómo es posible que organismos oficiales relacionados directamente con el transporte público ignoren esta negociación? ¿Qué bancos nacionales estarían en disposición de financiar una operación de esta envergadura a un grupo de sindicatos y federaciones choferiles que no se han distinguido nunca por ser deudores confiables y cumplidores?
Más que necesario, disponer de respuestas a estas incógnitas. Porque cuando se habla de la compra de diez mil vehículos nuevos, no es precisamente de chelitos de que estamos hablando sino de muchos millones de dólares que sumar a la costosa e interminable sangría que a lo largo del tiempo ha representado para el país el fracaso, corrupción y desorden del transporte público.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2009-10-16 16:49:10
