Mario Rivadulla
Miércoles 4,11,09
Parte de la prensa de hoy acoge una información fechada en Puerto Príncipe, dando cuenta de que un grupo de políticos, intelectuales y comunicadores haitianos han suscrito una carta pública dirigida al Presidente Leonel Fernández, mostrando su preocupación por la seguridad de sus connacionales que residen aquí. En el memorial de agravios, figuran quejas por lo que califican de ?campaña de odio orquestada en la prensa (se refiere a la nuestra como es natural) por sectores y personalidades públicas?. Al final, reclaman del mandatario dominicano medidas que contribuyan a preservar la paz y las relaciones armoniosas entre ambos países.
¿Hasta dónde son ciertos los señalamientos de esta misiva, que en buena práctica debió haberse hecho llegar en principio y de manera directa el Presidente Fernández antes de darla a la luz pública, si es que a sus firmantes les interesa en realidad elevar el nivel de comprensión y convivencia entre los pueblos haitiano y dominicano y no fomentar una campaña negativa sobre la imagen de nuestro país?
Negar que aquí hay quienes discriminan a los haitianos sería faltar a la verdad. Pero la discriminación, que es un fenómeno de torcedura cultural, no es exclusiva de nuestro país; tiene carácter universal. Sin que pretendamos justificarla, es una situación que prevalece en casi todos las sociedades del mundo, inclusive las de civilización más avanzada, por ende en el propio Haití. Que esas manifestaciones cobran en ocasiones formas repudiables y condenables, también es cierto. Pero en verdad y sin faltar a ella, ¿puede considerarse que hechos penosos pero aislados conforman una actitud generalizada de la sociedad dominicana hacia la inmigración haitiana? ¿acaso determinan sentimientos racistas y antihaitianos la política seguida por el gobierno dominicano frente al fenómeno que representa la masiva inmigración ilegal que nos llega del otro lado de la isla? ¿No ha sido reclamo persistente y solidario de nuestras autoridades en los foros internacionales demandar la ayuda que requiere el vecino para salir del estado de postración en que se encuentra?
Admitamos que la mano de obra haitiana contribuye al desarrollo de buena parte de las actividades productivas del país. Pero a su vez y en contrapartida, al acoger a sus braceros aquí, en su inmensa mayoría en condición de ilegales, hemos estado contribuyendo a aligerar la carga social y el riesgo de explosión que representaría ese millón o más de haitianos viviendo al otro lado de la frontera. ¿No advirtió recientemente el Presidente García Préval que la posible deportación de veinte mil haitianos indocumentados por parte de los Estados Unidos desestabilizaría Haití? ¡Con cuánta más razón entonces una cantidad de ilegales cincuenta veces mayor como la que reside aquí!
Lo ideal, lo hemos sostenido una y otra vez, es dejar de lado el torneo de acusaciones y recriminaciones entre ambos. Aproximarnos y crear mecanismos para trabajar de conjunto por el bienestar de todos los que ocupamos este condominio isleño, preservar la paz a ambos lados de la frontera, solucionar por vía de conciliación los posibles conflictos que puedan surgir y establecer vínculos de cooperación para combatir en común esfuerzo los males que compartimos: narcotráfico, criminalidad, contrabando, depredación de recursos naturales, agresiones al medio ambiente, pobreza, enfermedades endémicas y muchos más.
De nuestra parte, la Cancillería ha enviado invitaciones reiteradas a revivir la Comisión Mixta Domínico-Haitiana. Del otro lado, después de un prolongado silencio, nos responden con esta carta pública cargada de reproches y reclamos, abogando por una política de buena vecindad con la que estamos de acuerdo pero que también requiere de señales nítidas del vecino.
Eso y que acabemos de definir una política clara de inmigración, aplicada sin excesos ni abusos pero con la necesaria firmeza como ejercicio de soberanía y preservación del interés nacional, tal como la practican las demás naciones donde los extranjeros indocumentados constituyen una gran minoría, contrario a lo que ocurre aquí donde menos de un dos por ciento de los haitianos residentes tienen legalizada su residencia por nuestra debilidad institucional. Porque la ausencia de esa política, que resulta de nuestra exclusiva culpa, es responsable en gran medida de la situación que comentamos.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2009-11-05 16:19:53
