Mario Rivadulla
Lunes 14,12,09
JUSTICIA TRANSPARENTE
Los jueces hablan por sentencia. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocer los fundamentos legales en que se asienta cada fallo judicial. Esa transparencia a quien más le conviene es a la propia judicatura algunas de cuyas decisiones resultan difíciles de digerir, motivan asombro, cuando no suspicacia y hasta indignación, provocando la impresión de que la Justicia protege más a los delincuentes que a la sociedad que cada vez se siente más indefensa y desprotegida.
Resaltan del modo más chocante algunas de estas decisiones. Pruebas obtenidas legalmente y que constituyen elementos esenciales para sustentar expedientes acusatorios, que son desestimadas por el tribunal: simples tecnicismos a que echan mano abogados experimentados, en algunos casos mañosos, que impiden conocer el fondo de los delitos y terminan por arropar de impunidad graves crímenes merecedores de las más fuertes sanciones; libertades bajo fianza otorgadas con obvia ligereza a cientos de implicados que incumplen la medida de coerción de hacer su presentación periódica y por tanto, pese a la inexistencia de mecanismos de control para garantizar que tal no ocurra, o que en caso de suceder, se dispone de medios suficientes y eficientes para perseguir y reapresar a los prófugos.
Llama la atención sobre el tan traído y llevado expediente, que más parece una telenovela, que involucra al elusivo capo boricua José Figueroa Agosto, prófugo de la Justicia en Puerto Rico donde escapó de una cárcel de máxima seguridad en la que cumplía más de 200 años de sanción y de aquí ahora, al burlar la persecución de los agentes antidrogas que lo seguían. Como cómplice, posible compañera sentimental y a todas luces lavadora de recursos provenientes de sus operaciones, a la también desaparecida Sobeida Félix.
En este caso se han producido dos fallos, uno de los cuales, el que puso a ésta en libertad bajo fianza, fruto a nuestro juicio de un error de criterio, ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y el más reciente, disponiendo devolver la residencia adquirida por 850 mil dólares por Eddy Brito, el ex esposo de Sobeida, quien guarda prisión en Najayo y vendida posteriormente a su actual alegada propietaria, Mery Peláez, quien la habría comprado por 750 mil, la cual está siendo investigada en el mismo expediente, también por presunto lavado. Esas circunstancias y el hecho de que el fallo es fuertemente cuestionado por el Ministerio Público que considera el inmueble prueba de delito asegurando que en realidad es propiedad de Figueroa Agosto y era su residencia habitual, hacen que la disposición del juez haya sido acogida con elevada dosis de sospecha de que algo no está marchando como debe en el campo de la justicia.
No incurriremos en la ligereza de prejuzgar la validez de la decisión ni la moral del juez que la dictó. Pero no renunciamos al derecho de reclamar que todo fallo judicial, sobre todo en casos de esta naturaleza y gravedad, debe ser transparentado y justificado ante la ciudadanía con los considerandos y los preceptos legales en que se fundamenta.
El público tiene derecho a saber. Ningún poder ni autoridad está exento de darle cuenta detallada de las decisiones que toma y de las razones en que se sustenta. La Ley de Acceso a la Información Pública es de aplicación en todas las instancias, incluyendo las judiciales. Al propio Poder Judicial es al que más debe interesarle. Porque de que estos fallos lucen, huelen y saben mal y despiertan todo género de suspicacias, no cabe la menor duda. Y ello en modo alguno favorece la imagen de confiabilidad que debe proyectar el Poder Judicial, el cual dicho sea de paso salió muy mal parado en la reciente encuesta Gallup.
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2009-12-15 13:55:38
