Mario Rivadulla
Viernes 18,12,09
No por sabida deja de resultar una verdad de a puño la afirmación del Representante del Banco Mundial en el país, Roby Senderowitsh, de que si no hay transparencia no puede haber buen gobierno. Cuando se gobierna bien no hay motivos de ocultamiento. Todo puede sacarse a la luz del día, mostrarse a la franca, sin el menor disimulo. La experiencia lo prueba. Prueba también que la prosperidad y la seguridad ciudadana están estrechamente relacionadas con un ejercicio del poder a visera descubierta.
Países como Finlandia o Dinamarca, que figuran a la cabecera de las naciones donde el nivel de corrupción es mínimo de acuerdo a las valoraciones que realiza cada año Transparencia Internacional, resultan también los de menor nivel delincuencial y entre los más elevados el nivel de vida de sus ciudadanos. En América Latina, el ejemplo más palpable luce ser Chile, que acaba de ser aceptado en el exclusivo grupo de las naciones más ricas y de mayor estabilidad institucional, primera y única de nuestro Continente en recibir esa distinción.
Como bien expresa el funcionario del Banco Mundial, la corrupción afecta a los más pobres. Esto ya lo había expresado tiempo atrás el ido a destiempo Director General de Aduanas, Miguel Cocco, en más de una ocasión, al llamar la atención sobre la necesidad de combatir y sancionar las acciones dolosas por parte de funcionarios públicos, pero también por quienes, desde el sector privado, realizan todo género de trapacerías para enriquecerse desmedidamente a costa de los demás tanto como del Estado mediante el contrabando, la evasión impositiva, el soborno y todas las posibles formas de ganancia ilícita.
El señor Senderowitsch, por otra parte, acompañó sus oportunas advertencias con la entrega al senador Francisco Domínguez Brito de un anteproyecto de ley de declaraciones de bienes juradas de funcionarios públicos que busca hacer más eficaz su aplicación mediante la comprobación de veracidad de las mismas, al tiempo de endurecer las sanciones contra los infractores. Esas declaraciones, según puntualizó, significan un buen paso de avance para prevenir y combatir la corrupción en el sector público, siempre que puedan ser corroboradas.
El tema lo hemos abordado en otras ocasiones, advirtiendo que en la forma que actualmente está planteada la ley, resulta inoperante en la práctica en lo tocante a cumplir con sus alegados objetivos. ¿Qué garantiza que la declaración que hace un funcionario al comienzo de su mandato, carece de veracidad? ¿De qué mecanismos se vale el Estado para confirmar que la declaración no es falsa tanto al comienzo como al final de la gestión del funcionario? Oportuno recordar que el anterior incumbente del Departamento de Prevención de la Corrupción Pública, Octavio Líster, pocos meses antes de ser nombrado Embajador, reveló que avanzado el actual período de gobierno muchos funcionarios públicos no habían cumplido el requisito de la declaración y que de quienes lo habían hecho, más de la mitad eran falsas.
Si queremos que esto no siga ocurriendo, es preciso modificar la ley, afinarla, establecer controles de verificación de la declaración de bienes, invertir el fardo de la prueba contrastando el estilo de vida del funcionario con sus ingresos y endureciendo las sanciones para los infractores, aplicadas sin tibiezas ni privilegios partidarios ni de ninguna otra naturaleza. Porque los paños tibios y la impunidad solo traen como consecuencia un aumento del dolo y la corrupción.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2009-12-21 15:33:20
