Mario Rivadulla
Viernes 8,01,10
El principal propulsor de la ley de financiamiento de los partidos políticos fue el extinto José Francisco Peña Gómez. Inspirado en el ejemplo de otros países de mayor desarrollo político, perseguía la loable finalidad de otorgarle independencia económica a los mismos para no tener que acudir a los aportes privados o al menos reducir de manera significativa los mismos, y por consiguiente, los compromisos que pudieran derivarse de ese apoyo financiero y condicionar posteriormente las decisiones del funcionario y el congresista favor de los intereses de los respectivos aportantes.
El tiempo le ha restado toda esencia a ese objetivo tan idealista, que no dejó de ser un tanto ingenuo ni pudo prever los desproporcionados cambios inflacionarios registrados en el costo de las campañas políticas. Hoy no hay una sola candidatura que no requiera una inversión millonaria. En muchos casos el costo de la campaña de un senador o un diputado excede con mucho el importe de los ingresos que va a percibir durante todo el tiempo de su mandato. Se desprende por tanto, que ha debido recabar ayudas muy significativas de aportantes privados y que de esta forma, su acción gubernativa o legislativa lo convierte en buena medida en cabildero de los intereses particulares de los generosos mecenas que han sufragado sus gastos electorales. Las agrupaciones políticas por su parte, no han dejado de tocar a las puertas empresariales para reclamar su ayuda económica en cada ocasión en que el poder político se somete al veredicto de las urnas.
Siendo así, no se justifica en lo más mínimo que fondos del presupuesto de la nación, que bien pudieran dedicarse a cubrir otras áreas vitales como la salud y la educación, sigan siendo entregados a través de la Junta Central Electoral a los partidos políticos reconocidos y que por lo general, distan de ser dedicados a los fines que impulsaron esa legislación. Esto lo hemos señalado en innumerables ocasiones, del mismo modo que lo han hecho otros comunicadores y han expresado voces provenientes de diferentes sectores representativos del país.
Ahora es el propio Presidente de la Junta Central Electoral quien cuestiona de manera enfática el financiamiento con recursos públicos a los partidos políticos. El doctor Julio César Castaños Guzmán considera excesivos dichos montos, que desde la entrada en vigencia de la ley han sustraído al erario miles de millones de pesos. Pero además, advierte que esos fondos han contribuído a incrementar la burocracia, el clientelismo y el proselitismo partidarios, a lo cual se suma la falta de controles efectivos sobre el destino que las agrupaciones favorecidas da a los mismos. No le falta razón. De hecho, puede afirmarse sin temor a equivocación, que hay movimientos y organizaciones que se han creado y solicitado ser reconocidas con la única finalidad de recibir una tajada de ése cada vez más apetitoso pastel.
Aunque dicen que las clases no se suicidan, de lo que existen sobrados ejemplos, alguien en el Congreso, aún a riesgo de anticipado rechazo colectivo, debiera aventurarse a plantear la derogación de una ley que cada vez tiene menos justificación, si es que en algún momento la tuvo. Pero al menos quien lo haga y quienes lo apoyen dejarán sentado un ejemplo de responsabilidad ante el país y estarán enviando una señal positiva de que en el hemiciclo también existen legisladores que al momento de ejercer sus funciones, son capaces de pensar en los intereses del país y están conscientes de que si queremos preservar y fortalecer nuestra democracia, tenemos
que cambiar el estilo y los fines de un saludable ejercicio político que son fundamentalmente los de servir y no de servirse.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2010-01-11 16:34:30
