Mario Rivadulla
Mièrcoles 20,01,10
Al igual que cualquier máquina, para que la Administración de Justicia pueda funcionar de manera eficiente es preciso que todas sus piezas se encuentren debidamente ajustadas. No parece que esté ocurriendo asì y posiblemente eso explique algunos fallos judiciales que, como expresa el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, resulten odiosos a ojos de la opinión pública y que dejan la desagradable sensación de que el actual Código Procesal Penal protege más a los delincuentes que a la sociedad.
Jueces que se encuentran en estos momentos bajo la mirada suspicaz de la ciudadanìa y cuyos fallos disponiendo la libertad de elementos de alegadamente probada alta peligrosidad y sobre los cuales pesan graves acusaciones de narcotráfico y asesinatos múltiples, justifican sus decisiones alegando que los expedientes que se les sometieron estaban mal instrumentados y carentes de elementos probatorios para disponer medidas de coerción carcelaria contra los imputados.
Uno de ellos en particular, el que se refiere a la banda a la que se atribuyen un frustrado envío de drogas disimulado en un embarque de yautía a Puerto Rico y una docena de crímenes, se fundamenta en que la única prueba aportada por la Policía fueron sendas confesiones que posteriormente negaron los inculpados, obtenidas sin la presencia del ministerio público ni sus abogados defensores quienes avalasen con su firma que las mismas habrían sido obtenidas sin apelar a maltratos ni violar los derechos de los detenidos. Un hecho carente a estas alturas de toda justificación, dadas experiencias anteriores y el tiempo de vigencia de la actual legislación procesal, más contando el cuerpo de orden público con una Consultoría Jurídica.
De señalar que tanto el vocero del cuerpo policial como el Fiscal Perfecto Acosta rebaten de la manera más enérgica del argumento del Juez, afirmando que el fardo de pruebas es consistente y contundente para haber dictado la medida de coerción y justificar posteriomente una larga sanción de prisión contra los acusados.
No es la primera vez que jueces a quienes se ha reprochado dictar sentencias complacientes que ponen en la calle a reconocidos delincuentes por fallos procedimentales que no permiten entrar al fondo de las causas, se defienden señalando que los expedientes que se les han sometido están mal instrumentados y vacíos de elementos probatorios por lo que se limitan a aplicar de manera mecánica las disposiciones del Código vigente.
¿Deficiencias del Código, cuya introducción muchos juristas cuestionaron y siguen cuestionando y que está sometido a un proceso de revisión en el Congreso a partir de un proyecto del Ejecutivo modificando decenas de sus disposiciones? ¿De la Policía, de quien algunos sospechan que en ocasiones contaminan de invalidez legal el proceso de investigación a sabiendas por favoritismo, influencia, complicidad o soborno? ¿De los fiscales, por carecer de los medios necesarios para realizar a conciencia su trabajo y en ocasiones de conocimientos para contrarrestar las argucias de abogados habilidosos que se valen de todos los atajos legales para favorecer a sus clientes, aún en detrimento de la justicia? ¿O será de jueces que se limitan a aplicar mecánicamente el Código y no hacen el mejor uso racional del margen de discrecionalidad que el mismo les otorga?
Cual sea la razón y posiblemente, haya de todo un poco o un mucho, lo cierto es que al presente la imagen y credibilidad del Poder Judicial se encuentran en un punto muy bajo y que ello obliga a una revisión inmediata y profunda de las causas, incluyendo los aspectos éticos, para aplicar los correctivos de lugar.
Porque lo último que puede ocurrirle a una sociedad para comenzar a tomársela por propia mano, es perder la confianza en la Justicia.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2010-01-22 18:52:24
